La propuesta busca establecer controles obligatorios de alcohol y drogas a conductores del transporte público mayor y surgió tras la muerte de un estudiante de 14 años atropellado por un microbús en Valparaíso.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado inició este miércoles el estudio de la denominada “Ley Alberto”, iniciativa que busca reforzar la prevención de siniestros viales mediante controles de alcohol y drogas a conductores del transporte público mayor.
La iniciativa tiene un especial vínculo con la Región de Valparaíso. Su nombre recuerda a Mauro Alberto Gómez Estay, estudiante de 14 años del Liceo Eduardo de la Barra, quien falleció en mayo de 2024 tras ser atropellado por un conductor de microbús que conducía bajo la influencia de drogas, caso que impulsó la presentación del proyecto.
La presidenta de la Comisión de Transportes, senadora Camila Flores, destacó que el objetivo es establecer controles permanentes que permitan evitar que personas bajo los efectos del alcohol o las drogas conduzcan vehículos destinados diariamente al traslado de pasajeros.
“Hoy iniciamos en la Comisión de Transportes del Senado la tramitación de este proyecto que busca hacer obligatorios los controles de alcohol y drogas para los conductores del transporte público mayor. Hemos tenido lamentables casos de jóvenes, niños y personas que han perdido la vida precisamente porque quienes conducían se encontraban bajo los efectos del alcohol o las drogas”, señaló Flores.
La parlamentaria agregó que “lo que buscamos es que en los terminales existan controles permanentes, para dar mayor seguridad a quienes diariamente utilizan el transporte público. Cuidar la vida de nuestros compatriotas es indispensable y por eso queremos avanzar con esta iniciativa, conocida como Ley Alberto, para evitar que tragedias como las que hemos conocido vuelvan a repetirse”.
A la sesión fueron invitados el presidente de la Federación Nacional de Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Interregional e Internacional de Chile (FENABUS), Marcos Carter, y la presidenta de Fundación Emilia, Carolina Figueroa.
Figueroa valoró el avance de la iniciativa, pero planteó la necesidad de ampliar su alcance e incorporar también al transporte de carga.
“Yo creo que el tramitar la Ley Alberto, efectivamente, cumple con una necesidad de la sociedad civil de que haya, efectivamente, mayor control en el transporte urbano e interurbano, pero creo que hay que agregar transporte de carga a esta ley que, efectivamente, nos permita fiscalizar y prevenir siniestros viales vinculados al alcohol o las drogas”, afirmó.
La presidenta de Fundación Emilia añadió que “además, tiene que haber un reglamento que sea robusto, que permita, efectivamente, establecer criterio y asociación con la ley, el Código Laboral, y creo que, efectivamente, el avance es sumamente necesario; que se incorporen las opiniones de los distintos senadores para que se perfeccione este proyecto que hemos estado esperando por harto tiempo”.
Con el inicio de su estudio en la comisión, el Senado comenzará ahora el análisis en particular de los alcances de la propuesta y de las eventuales modificaciones destinadas a perfeccionar los mecanismos de prevención y fiscalización.
