La parlamentaria del Distrito 9 solicitó antecedentes oficiales sobre la expansión territorial, las estrategias de combate al lavado de activos y las capacidades institucionales para enfrentar a estas bandas delictivas en el país.
La diputada Támara Ramírez (PDG) ingresó una serie de requerimientos de fiscalización dirigidos al Ministerio de Seguridad Pública, a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el objetivo de solicitar antecedentes oficiales respecto a la presencia, financiamiento y expansión territorial de organizaciones criminales transnacionales en Chile.
Las acciones de la parlamentaria surgen luego de la publicación de un estudio del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo de la Universidad Andrés Bello, el cual advierte la operación en el país de bandas como el Tren de Aragua, el Clan Bang de Fujian y Los Valencianos. La investigación atribuye al Tren de Aragua presencia en doce regiones, mientras que al Clan Bang le asigna operaciones en la Región Metropolitana, Valparaíso, O’Higgins y La Araucanía, y a Los Valencianos en la capital.
Ante esto, la legisladora por el Distrito 9 requirió al Ministerio de Seguridad Pública y a la PDI corroborar o descartar los datos del estudio académico, solicitando además cifras agregadas sobre procedimientos, personas detenidas, células desarticuladas e incautaciones realizadas en los últimos tres años. Asimismo, pidió detallar las brechas de personal, tecnología y capacidad operativa que enfrentan las policías para investigar estas estructuras criminales.
Por otro lado, la presentación ante la UAF busca transparentar los mecanismos de detección de operaciones financieras sospechosas, el uso de empresas de fachada, el lavado de activos y las tipologías empleadas por estas organizaciones para ocultar recursos provenientes de delitos como la trata de personas, la extorsión y el narcotráfico.
“Ante los datos expuestos por la academia sobre la presencia del Tren de Aragua, el Clan Bang y Los Valencianos en nuestras regiones, es urgente que el Estado entregue certezas oficiales. Por eso pedí antecedentes al Ministerio de Seguridad, a la PDI y a la UAF, para transparentar qué información manejan las autoridades, cómo se están persiguiendo sus rutas de dinero y qué brechas tenemos que resolver para desarticular al crimen organizado de raíz”, sostuvo Ramírez.
La parlamentaria enfatizó que continuará atenta a las respuestas de los organismos públicos para fiscalizar el avance de las estrategias de seguridad e impulsar las reformas legislativas o presupuestarias que se requieran para fortalecer a las instituciones.
