- El parlamentario solicitó los antecedentes ambientales, urbanísticos y de probidad vinculados al proyecto emplazado a un metro del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de Concón, incluyendo las reuniones sostenidas por Ley de Lobby entre el arquitecto Víctor Quiroz —hermano del ministro de Hacienda— y autoridades que participaron posteriormente en su evaluación ambiental
El diputado por la Región de Valparaíso Jaime Bassa ofició a distintos organismos públicos para solicitar información detallada sobre la tramitación ambiental y urbanística del proyecto inmobiliario Alto Santorini, de Inmobiliaria Lote 21 SpA, cuyo Estudio de Impacto Ambiental fue aprobado el pasado 23 de junio. La iniciativa contempla una torre de 15 pisos y 177 departamentos, proyectada a solo un metro del polígono protegido del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón.
La solicitud surge tanto por la preocupación respecto del impacto que una obra de esta magnitud podría generar sobre un ecosistema de alta fragilidad y valor ambiental, como por los antecedentes conocidos sobre su proceso de evaluación. El diseño arquitectónico fue desarrollado por la oficina Quiroz y Puelma Arquitectos, liderada por Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Previo a la aprobación ambiental, el arquitecto sostuvo reuniones registradas por Ley de Lobby con autoridades sectoriales que posteriormente participaron en la evaluación del proyecto, entre ellas la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental y las seremis de Salud, Minería, Energía y Desarrollo Social.
“Dada la importancia que tiene el Campo Dunar para el medio ambiente y considerando los antecedentes que rodean la tramitación de este proyecto, corresponde despejar cualquier duda de irregularidad. Cuando existen reuniones previas con autoridades que después deben pronunciarse sobre un proyecto y, además, hay un vínculo familiar directo entre quien participa de su diseño y un ministro de Estado, la transparencia y la probidad deben estar especialmente resguardadas. Nuestra labor fiscalizadora consiste justamente en pedir los antecedentes, revisar cómo se tomaron las decisiones y dar garantías a la ciudadanía de que se actuó con absoluta imparcialidad”, señaló el diputado Jaime Bassa.
En concreto, el oficio solicita al Servicio de Evaluación Ambiental el expediente íntegro del proyecto y su Resolución de Calificación Ambiental, además de las actas, minutas y materias abordadas en las reuniones de Lobby. Asimismo, pide informar si existieron abstenciones, solicitudes de inhabilitación o protocolos de prevención de conflictos de interés asociados al vínculo de parentesco mencionado. También requiere a la Superintendencia del Medio Ambiente informar sobre eventuales denuncias, fiscalizaciones e inspecciones en el área; al MINVU, antecedentes sobre revisiones urbanísticas; a las seremis involucradas, los informes técnicos y fundamentos de sus votos favorables; y a la Delegación Presidencial Regional, las medidas de coordinación adoptadas para resguardar el Campo Dunar frente al desarrollo de proyectos inmobiliarios en sus zonas colindantes.
