Cuesta entender que se abra nuevamente la puerta a una reforma constitucional después de haber transitado por dos procesos constituyentes fallidos, uno con claros rasgos de extrema izquierda y otro con claros rasgos de extrema derecha, y luego del compromiso asumido en el gobierno anterior, de no tocar, ni avanzar en reformas de este tipo.
Sorprende, además, que quienes han sido los grandes opositores a los cambios constitucionales, como el Partido Republicano, sean hoy quienes propician y llaman a definir un cambio constitucional a través de, entre otros, un articulado que, por sí solo, ya presupone y determina lo que se quiere modificar, cayendo en una eventual redundancia en lo que a seguridad se refiere.
Nuestra Constitución fue creada e ideada en dictadura, pero ese no es un hecho exclusivo ni excepcional. No es la única constitución del mundo concebida de esa forma; sin embargo, las modificaciones y adaptaciones legales que ha vivido durante estos 45 años la han convertido en una Constitución válida, legítima y reconocida transversalmente.
Los dos procesos constitucionales fallidos confirman que, al final del día, lo que la ciudadanía espera es que este texto se mantenga, dejando de lado las diferencias tan profundas que puedan surgir en torno a su interpretación y, sobre todo, a su origen.
Que hoy el gobierno quiera abrir la puerta a nuevas modificaciones solo genera dudas y complica un escenario que para muchos chilenos ya estaba cerrado; y cuando uno observa el tipo de modificaciones que se pretenden impulsar, surgen también las suspicacias propias sobre qué hay detrás de esto y cuál es la razón real por la que sería necesario modificar nuestra Carta Fundamental.
