El senador Miguel Ángel Calisto valoró la reciente decisión del Ejecutivo de recalibrar su agenda legislativa en materia de orden público, otorgando urgencia a una veintena de iniciativas que se encontraban prácticamente estancadas en el Congreso y retirando la prioridad a la propuesta de reforma constitucional en seguridad.
A juicio del parlamentario, este cambio de estrategia responde a un paso necesario para avanzar con eficacia en el combate a la delincuencia. Calisto sostuvo que esta rectificación «era justamente lo que el gobierno tenía que hacer», destacando la importancia de «tramitar proyectos que hoy están durmiendo el congreso, que son fundamentales».
El legislador enfatizó que antes de impulsar modificaciones de rango constitucional, se deben zanjar normativas de fondo que llevan un largo periodo de tramitación. En ese sentido, recordó que iniciativas como «las reglas de uso de la fuerza llevamos por lo menos 4 o 5 años en tramitación», advirtiendo que «eso debe resolverse antes de determinar si efectivamente las fuerzas armadas van a apoyar a carabineros y a las policías en el control de la seguridad».
Asimismo, Calisto remarcó que «no podemos hablar de una reforma si es que no logramos resolver cuáles son las competencias de cada una de las policías», valorando que se retome la discusión de materias como «la seguridad municipal y la serie de proyectos que ha presentado el ejecutivo, que deben ser resueltos antes». Según puntualizó, iniciativas como «la regla de uso de la fuerza, la ley de inteligencia, la de infraestructura crítica, son proyectos que tienen que conversar previamente antes de proponer una reforma constitucional».
Respecto a la decisión del Gobierno frente a la propuesta planteada originalmente por el Ejecutivo, el senador consideró que «cuando le quitan la urgencia, es una demostración que están reconociendo el error que se cometió, y es bueno corregir». Finalmente, concluyó que «el camino correcto es lo que se ha planteado esta semana, es decir, abordar con suma urgencia una serie de iniciativas que están detenidas», lo que permitirá evaluar con mayor claridad si se requieren medidas excepcionales adicionales o si basta con fortalecer instrumentos en debate como la ley de infraestructura crítica.
