El parlamentario ofició a Subtel tras la orden de bloquear 42 sitios de apuestas online en un plazo máximo de 48 horas. El parlamentario pidió conocer cómo se fiscalizará el cumplimiento y qué capacidad existe para detectar rápidamente nuevos dominios, subdominios o sitios espejo utilizados para mantener las plataformas operativas.
La Subsecretaría de Telecomunicaciones instruyó a Entel, Movistar, Claro, GTD, WOM y VTR bloquear mediante DNS 42 direcciones vinculadas a plataformas de apuestas y juegos de azar online. La medida se enmarca en un proceso judicial que ordenó impedir el acceso a sitios que operan sin autorización legal y contempla que nuevas direcciones o sitios espejo puedan ser incorporados posteriormente al procedimiento de bloqueo.
Ante este escenario, el diputado Patricio Briones (PDG) ofició a Subtel para conocer si el mecanismo será capaz de responder con suficiente rapidez frente a plataformas que modifiquen sus vías de acceso. “No sirve de mucho bloquear 42 páginas si al día siguiente estas mismas casas de apuestas aparecen funcionando con otro dominio. Necesitamos saber si el Estado tiene la capacidad de reaccionar con la misma velocidad con la que estas plataformas buscan eludir las medidas. Si el bloqueo termina siendo siempre posterior al cambio de dirección, vamos a estar corriendo detrás del problema en vez de solucionarlo”, sostuvo.
Briones solicitó precisar qué fiscalizaciones técnicas se realizarán para comprobar que cada proveedor implementó efectivamente la medida, si existe un monitoreo activo para detectar modificaciones de dominio y qué procedimiento se aplicará para incorporar nuevos sitios espejo. También pidió evaluar soluciones complementarias al bloqueo por DNS, resguardando la privacidad de los usuarios, la neutralidad de la red y evitando afectar servicios lícitos.
Finalmente, el parlamentario pidió conocer las sanciones aplicables a las compañías de internet que incumplan o ejecuten parcialmente la orden y advirtió que la continuidad de estas plataformas mantiene riesgos para menores de edad, personas con ludopatía y usuarios que entregan información personal o financiera a operadores sin autorización ni fiscalización en Chile.
