En la mañana de hoy, la Coordinadora por la Defensa de la Educación Pública de la región de Valparaíso, junto al diputado Luis Cuello y la Consejera Regional Paula Rosso, presentaron en la Contraloría Regional de Valparaíso un requerimiento que acusa la ilegalidad de las medidas de desmantelamiento de la educación pública producto de los recortes impulsados por el Gobierno de Kast.
El documento fue además firmado por distintas organizaciones vinculadas al mundo de la educación y adscritas a la Coordinadora entre ellas, el Colegio de Profesores de la región y la comuna de Valparaíso, la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), la Federación de Estudiantes Universidad de Valparaíso (FEUV), Asociación Territorial de Funcionarios/as Asistentes de la Educación SLEP Valparaíso (SITECOVA), el Sindicato de Trabajadores de la Educación en Viña del Mar, y la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Educación de Valparaíso.
Sobre el requerimiento, el diputado Luis Cuello comentó: “Este requerimiento argumenta que acá se han adoptado medidas ilegales, en tanto vulneran el deber del estado de entregar educación, vulneran derechos laborales, pero también vulneran la ley de garantías de la niñez, que establece claramente que se debe priorizar en ley de presupuestos las políticas y programas sociales para niños, niñas y adolescentes” , y subrayó que «acá se ha torcido el mandato legal a través de un decreto, a través de una norma administrativa».
A continuación, la consejera regional Paula Rosso profundizó en el impacto concreto de estos ajustes, señalando que los recortes han incluido el cierre y fusión de cursos, así como la combinación de niveles, lo que, en sus palabras, «implicaría entonces que no se van a dar ni responder a las necesidades en los procesos de enseñanza-aprendizaje». “Nos parece también insólito que también, a propósito de recortes en Junaeb, se hayan disminuido las atenciones médicas y los niveles y cursos en los que tienen este tipo de controles”, agregó.
Por su parte, Andrés Arce, vicepresidente del Colegio de Profesores Regional Valparaíso, puso el acento en la dimensión de justicia educativa: «En las modificaciones recientes que se hicieron a la ley de servicios locales de educación pública se instala una noción de justicia educativa. Sin embargo, como podemos ver, esta búsqueda de justicia recae siempre en las comunidades educativas, porque cuando hay vulneración de derecho, se pasa por encima de la dignidad de nuestras comunidades, se instala un criterio economicista por sobre el resguardo de derechos, y nosotros consideramos que eso es grave”. “Por lo tanto, hoy día, y una vez más, como organizaciones del mundo educativo hacemos un llamado por justicia, y este requerimiento, en el fondo, busca resguardar en torno a la vulneración de derechos a nuestras y nuestros estudiantes, y también a las y los trabajadores», concluyó.
Luego, Alejandra Arévalo, presidenta de la comuna de Valparaíso del Colegio de Profesores, manifestó su preocupación por la falta de transparencia en la definición de las dotaciones para 2027 y subrayó que «los profesores y los estudiantes no son piezas dentro de un rompecabezas presupuestario». En esa línea, criticó que las decisiones se estén tomando «de forma muy silenciosa, de forma de no transparentar con los trabajadores, con las comunidades».
Posteriormente, Judith Parra, presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB, expresó su respaldo al requerimiento y destacó la coyuntura presupuestaria: «Este es un mes muy clave, porque es un mes donde discutimos presupuesto de la nación, un presupuesto que tiene que dar cuenta de garantía de derecho y no de ahorros fiscales, pensando esto como empresa en una perspectiva economicista. Convocamos a pensar la educación como parte de nuestro desarrollo del país.»
Luego, Alonso Carvajal, presidente de SITECOVA, Asociación de Asistentes de la Educación de Valparaíso, manifestó: «La vulneración a los niños y niñas, la vulneración a los trabajadores en este gobierno nos hace estar más fuertes y más unidos, porque la educación pública se tiene que defender».
Por su parte, Violeta Serey, presidenta de la Asociación de Funcionarios y Funcionarias de la Educación de Valparaíso (AFEV), destacó que «la preocupación es transversal en las comunidades educativas» e hizo un llamado a la ciudadanía en general, enfatizando que no es posible permitir «que retrocedamos en materia de derechos para nuestros niños, niñas y jóvenes, en temas tan sensibles como acceder a una educación digna de calidad y acceder a prestaciones en materia de inclusión».
A continuación, Carlos Fuenzalida, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Viña del Mar, valoró el trabajo conjunto con la coordinadora, el diputado Cuello, la consejera Rosso y todas las organizaciones de trabajadores de la educación, y reafirmó: «Vamos a estar presentes para defender la educación pública mediante todas las herramientas legales».
Finalmente, Gisela Ordóñez, secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Valparaíso (FEUV) y vocera del Zonal Quinta CONFECH, cerró las intervenciones respaldando la movilización desde la mirada estudiantil universitaria: «Estamos acá apoyando a los profesores y a los asistentes de la educación, pero también como estudiantes de una universidad pública y estatal, que hoy en día vemos la precariedad que está afectando los recortes de este gobierno. Estamos aquí también presentes con el objetivo de entender de que los estudiantes de la educación pública escolar están siendo afectados. Queremos que sean estudiantes que tengan una educación, que tengan un objetivo y que también tengan un apoyo para ser futuros profesionales.»
