Entre el 1 de enero y el 30 de junio, las personas dirigieron 167.185 solicitudes de acceso a información a distintos órganos de la Administración del Estado, cifra más alta desde la creación del Portal de Transparencia del Estado en 2013. Los asuntos más consultados fueron migraciones y residencia, con 15.652 solicitudes; sumarios administrativos, oficios de Contraloría y procedimientos, con 13.627; grabaciones de cámaras de seguridad por accidentes y robos, con 13.535; antecedentes sobre propiedades y terrenos, con 11.683; y pagos, multas y deudas, con 11.338.
Las solicitudes se ingresaron a través del Portal de Transparencia del Estado, sitio que permite hacer solicitudes específicas de información a órganos públicos y revisar los antecedentes que deben mantener disponibles sin necesidad de que alguien los solicite. La plataforma recibió 4.598.319 visitas durante el semestre, más de 12% por sobre igual período de 2025, y acumula más de 50 millones desde sus inicios.
Del total de solicitudes, 105.335 (63%) fueron dirigidas a organismos del gobierno central; 59.659 (35,7%), a municipalidades y otras entidades locales; y 2.191 (1,3%), a gobiernos regionales y organismos relacionados. Los servicios más requeridos fueron el Servicio Nacional de Migraciones, con 9.245 solicitudes; la Subsecretaría de Bienes Nacionales, con 4.750; y la Dirección General de Aguas, con 3.971.
Por su parte, en este primer semestre de 2026, ingresaron 8.620 casos al CPLT, 7.282 fueron amparos presentados por personas que no recibieron respuesta a sus solicitudes o la consideraron incompleta, y 1.338 fueron reclamos por estimar que faltaba información que los organismos debían mantener publicada. Con esta cifra, el Consejo acumula 119.450 casos desde su entrada en funciones en 2009.
La presidenta del CPLT, Natalia González, señaló que «estos datos muestran que la transparencia no es un asunto abstracto: las personas la usan para resolver problemas concretos, desde conocer el estado de un trámite hasta reunir antecedentes por un accidente. También vemos que más ciudadanos recurren al Consejo cuando un organismo no responde o mantiene información sin publicar. Nuestro deber es lograr que ese derecho funcione en la práctica y sea garantizado, y, al mismo tiempo, promover que se ejerza responsablemente, como una herramienta útil para evaluar la labor del Estado y ejercer otros derechos, pero evitando un ejercicio abusivo que distraiga indebidamente a los organismos públicos de las labores que tienen que desarrollar».
La revisión judicial de las decisiones del CPLT también aumentó. Durante el primer semestre, las Cortes de Apelaciones dictaron 110 sentencias en recursos de ilegalidad que buscaban dejar sin efecto decisiones del Consejo, frente a 62 en igual período de 2025. Del total de esas sentencias, un 93,6% mantuvo las decisiones originales del CPLT, confirmando su jurisprudencia. Solo siete recursos fueron acogidos total o parcialmente.
El balance fue dado a conocer al cumplirse 18 años de la publicación de la Ley de Transparencia. El CPLT ha planteado la necesidad de actualizarla, usando la tecnología disponible para fortalecer el acceso a los datos que los organismos deben publicar, así como ampliar su alcance, estableciendo un sistema único de transparencia para todas las instituciones del Estado.
«El aumento sostenido de las solicitudes y casos presentados al CPLT confirma que la ley sigue siendo necesaria, pero también que debe ponerse al día. Chile requiere información pública más fácil de encontrar, en formatos abiertos y reutilizables, y herramientas tecnológicas que permitan un mejor acceso a información y una mayor eficiencia en la fiscalización. La propuesta de nueva Ley de Transparencia del Consejo busca avanzar en esas tareas pendientes y ofrece una oportunidad para que el Congreso retome este debate», agregó González.
El Consejo para la Transparencia es un organismo autónomo y el único en Chile, encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y garantizar el derecho de las personas a acceder a información pública. Cuando detecta incumplimientos, puede instruir investigaciones sumarias y aplicar multas de entre el 20% y el 50% de la remuneración de la autoridad o jefe de servicio y de los funcionarios responsables, según corresponda.
