Los resultados de PISA 2025 muestran que el bullying y el ciberbullying ya no se trata solo de problemas de convivencia escolar, sino que también de fenómenos que comprometen los derechos de niños, niñas y adolescentes. En Chile, el 21% de los estudiantes de 15 años declaró haber sufrido alguna forma de bullying varias veces al mes o más, y un 4% señaló que fue publicada en internet información perturbadora sobre ellos sin su consentimiento. Lo más sorprendente es que este grupo obtuvo, en promedio, 35 puntos menos en Ciencias que sus pares.
Esta cifra nos revela que la violencia entre pares puede afectar la dignidad, la integridad psíquica, la honra, la vida privada y, especialmente, el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Desde un enfoque de derechos de la niñez, la respuesta no puede limitarse a sancionar las conductas del agresor, sino que el Estado y las comunidades educativas tienen el deber de prevención, protección, detección temprana y reparación, conforme al interés superior del niño y al derecho a desarrollarse en entornos seguros. Esto, porque el derecho a la educación exige también una escuela libre de violencia.
