Los resultados de la prueba PISA vuelven a instalar una discusión conocida sobre la idea de calidad educativa, en tanto los puntajes muestran un estancamiento de largo plazo y un deterioro particularmente preocupante en matemática y lectura. Sin embargo, considero necesario evitar conclusiones desmedidas, revisar críticamente el lugar que otorgamos a las pruebas estandarizadas y, sobre todo, preguntarnos qué entendemos por calidad en nuestros sistemas educativos.
Primero, cualquier explicación honesta debiese partir de la multicausalidad. El retroceso es un fenómeno internacional, las tendencias de estancamiento tienen larga data, todavía arrastramos consecuencias de la pandemia y existen factores propios de las estructuras y prioridades de cada sistema educativo.
Segundo, para el caso chileno, PISA 2025 muestra que el 88% de los estudiantes declara recibir ayuda de sus profesores en su aprendizaje, por sobre el promedio OCDE. También muestra que, en ciencias, la brecha socioeconómica se ha reducido durante la última década. Esto no quita la preocupación por los puntajes, pero permite enmarcar avances que generalmente los grandes titulares invisibilizan.
Tercero, durante las últimas décadas se han impulsado políticas orientadas a disminuir la segregación y avanzar hacia mayores niveles de inclusión y equidad. De acuerdo con el CIAE de la Universidad de Chile, nuestro país alcanzó sus niveles de segregación escolar socioeconómica más bajos de los últimos 20 años. Estos avances también expresan una concepción robusta de calidad educativa: no hay calidad sin equidad ni inclusión.
Cuarto, considero fundamental impedir que estos resultados inauguren un nuevo ciclo de culpabilización de las escuelas y sus profesores. Hoy les exigimos responder por el currículum mientras enfrentan desafíos crecientes de convivencia, inclusión, diversidad, salud mental, violencia y vulnerabilidad, muchas veces sin la formación, recursos, tiempos ni apoyos suficientes.
Esto interpela también a las universidades. Necesitamos formar profesores capaces de comprender las desigualdades, pero también con herramientas pedagógicas para enseñar lectura, escritura y matemática en aulas heterogéneas.
Finalmente, es necesario mirar con cautela el lugar que las pruebas estandarizadas han adquirido en nuestra definición de calidad. No se trata de desconocer la información relevante que entrega PISA, sino de evitar que sus indicadores se presenten como una idea totalizante de la educación. Un puntaje puede informar sobre aprendizajes, pero también simplificar una realidad atravesada por desigualdades, territorios, precariedades y condiciones de vida.
Los resultados constituyen una alerta importante. Pero el desafío para Chile exige una mirada más compleja: producir mejores aprendizajes sin retroceder en inclusión y equidad. Porque mejorar los puntajes importa, pero definir toda la calidad de nuestra educación a partir de ellos sería confundir una parte del problema con el todo.
