Parlamentario IND-RN acusa falta de transparencia en una operación estratégica para el país y busca que Codelco no pueda ampararse en cláusulas de confidencialidad para negar información al Congreso
Tras recibir la respuesta de Codelco a un oficio en que solicitó conocer el costo y las condiciones de contratación de Morgan Stanley como asesor financiero en el acuerdo con SQM por el litio del Salar de Atacama, el diputado Daniel Valenzuela (IND-RN), integrante de la Comisión de Minería y Energía, presentó un proyecto de ley para fortalecer las facultades de fiscalización de la Cámara sobre las empresas del Estado.
El parlamentario cuestionó que Codelco haya informado que la asesoría de Morgan Stanley contempla distintos conceptos de pago —entre ellos retainer fees, reembolso de gastos, base fee e incentive fee—, pero que el detalle de los montos comprometidos tenga carácter reservado.
La respuesta de la estatal también señala que el contrato de asesoría financiera suscrito en marzo de 2023 contiene información confidencial y que su divulgación requeriría el consentimiento previo y por escrito de la contraparte. Asimismo, Codelco sostuvo que la contratación de Morgan Stanley se realizó dentro de las facultades ejecutivas del Presidente Ejecutivo, dado que el Manual de Alcance de Facultades vigente le permitía autorizar adjudicaciones en procesos por montos inferiores a US$50 millones.
Para Valenzuela, esta situación demuestra la necesidad de precisar la legislación para impedir que las empresas estatales puedan utilizar cláusulas contractuales de confidencialidad como argumento para restringir la fiscalización del Congreso
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“50 millones de dólares puede gastar el presidente ejecutivo de Codelco sin pasar por el directorio. Señores, esto es una vergüenza de proporciones. Pedí un oficio para que me explicaran cómo fue la fusión entre Soquimich y Codelco, de donde salió esta nueva empresa, Novandino. Acá se contrató un asesor financiero, que era Morgan Stanley. Queremos saber cuánto costó esa asesoría financiera, quién la autorizó, ” argumentó el parlamentario.
El diputado sostuvo que la discusión no se limita al monto de la asesoría, sino que apunta a cómo se toman decisiones que comprometen recursos y activos estratégicos del Estado y qué mecanismos tiene el Congreso para fiscalizarlas posteriormente. “Solicitamos todos los antecedentes, y la respuesta de Codelco fue que, según la Ley 19.918, no le podemos entregar información. Estoy aburrido que cada vez que queremos fiscalizar Codelco, Codelco dé explicaciones baratas.”
El proyecto busca que la confidencialidad contractual no pueda bloquear la fiscalización
Cabe destacar que la iniciativa presentada modifica el artículo 9° A de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y establece que las causales para negar información a los parlamentarios sean taxativas y de interpretación restrictiva.
En concreto, el proyecto establece que una empresa del Estado no podrá negar antecedentes invocando únicamente cláusulas de confidencialidad, reserva o secreto contenidas en contratos, convenios o bases de licitación, ni tampoco exigir el consentimiento de un tercero contratante para entregar información al Congreso.
Además, la propuesta determina expresamente que no podrán considerarse reservados —salvo que una ley de quórum calificado así lo establezca— antecedentes como la identidad del contratante, el objeto y vigencia del contrato, los honorarios, comisiones, gastos, bonos por éxito, el procedimiento de contratación, los criterios utilizados para seleccionar al proveedor y quiénes participaron en la decisión.
“He decidido presentar un proyecto de ley para modificar la Ley 19.918, y no tener más excusas,” señaló.
Valenzuela agregó que el Congreso no puede quedar sujeto a la voluntad de una empresa estatal para acceder a información necesaria para ejercer sus atribuciones constitucionales. “El Congreso Nacional, a través de la Cámara de Diputados, tiene la potestad de fiscalizar, y si se están escudando en esta ley, les vamos a cambiar la ley. No se puede administrar patrimonio de todos los chilenos con información que el Congreso no puede conocer”
El parlamentario enfatizó que el proyecto apunta a establecer reglas claras para evitar que operaciones estratégicas queden fuera del escrutinio parlamentario bajo argumentos de confidencialidad contractual.
En sus fundamentos, la iniciativa también advierte que el caso Morgan Stanley es especialmente relevante porque se trata de una operación vinculada a la explotación del litio del Salar de Atacama, cuya asociación con SQM contempla un horizonte de implementación hasta 2060. También señala que antecedentes sobre la estructura y monto de los honorarios ya habían sido entregados parcialmente tarjados a una Comisión Especial Investigadora.
El proyecto plantea además que cualquier negativa fundada en una causal de reserva deba contar con un acuerdo previo de tres cuartas partes del órgano colegiado encargado de la administración de la empresa, debidamente fundamentado y comunicado a la Cámara.
Finalmente, Valenzuela aseguró:“Acá, Codelco va a tener que dar explicaciones por cada cosa irregular que ha hecho, y la fiscalización no la vamos a parar desde la Cámara de Diputados.”
