En Chile se pierden anualmente más de 3,7 millones de toneladas de alimentos a lo largo de toda la cadena de suministro, según estimaciones del Ministerio de Agricultura y la FAO. Para dimensionar la magnitud física del problema, este volumen equivale a llenar el Estadio Nacional completo de comida cada dos meses solo para enviarlo directo a la basura.
A escala global, la ONU advierte que, si el desperdicio de alimentos fuera un país, sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del planeta, solo detrás de China y Estados Unidos. En Chile esta descomposición en vertederos representa una fuga crítica de agua y energía, además de ser una de las principales fuentes de metano. En el plano doméstico, el Índice de Desperdicio de Alimentos del PNUMA revela que cada habitante bota sobre 70 kilos de comida al año, lo que a precios de la canasta básica equivale a una pérdida directa de más de $200.000 anuales por persona.
El problema atraviesa toda la cadena. En el origen, la producción primaria hortofrutícola llega a descartar entre un 60% y un 68% de las cosechas únicamente por calibres o criterios estéticos comerciales. En el otro extremo, la alimentación institucional y los servicios corporativos desechan entre 100 y 250 gramos de residuo orgánico por bandeja servida. Todo este volumen termina mayoritariamente en rellenos sanitarios, generando cuantiosos costos de disposición y agravando la crisis climática.
Mientras economías como Francia y España ya cuentan con legislaciones vinculantes que prohíben la destrucción de alimentos aptos para el consumo humano y exigen planes de prevención obligatorios, Chile aún descansa en esfuerzos voluntarios.
Afortunadamente, hoy vemos distintas líneas de acción que demuestran que reducir mermas es posible y en algunos casos rentable: bancos de alimentos institucionales que redistribuyen raciones masivas; plataformas digitales de venta que rescatan excedentes aptos antes de su vencimiento; soluciones de upcycling biotecnológico para nutrición animal e ingredientes funcionales; y plantas de compostaje industrial que devuelven nutrientes a suelos degradados.
Estudios globales del World Resources Institute (WRI) constatan que cada dólar invertido en prevención genera un retorno de 14 dólares en costos operativos.
No obstante, uno de los mayores impactos es social. Rescatar apenas el 20% de lo que hoy se pierde en Chile significaría recuperar cerca de 740.000 toneladas de comida al año. Con ese volumen sería posible aportar más de un kilo diario de alimentos a cada uno de los 1,7 millones de personas que enfrentan inseguridad alimentaria moderada o severa en nuestro territorio, según datos de la FAO y la encuesta Casen, cubriendo sus requerimientos básicos solo con lo que hoy se arroja a la basura.
Avanzar hacia una hoja de ruta con metas vinculantes y diseñar incentivos directos para la logística y trazabilidad de orgánicos permitirá transformar una fuga económica en una palanca real de seguridad alimentaria. Es la oportunidad concreta para ganar acceso nutricional y productividad, devolviendo a la mesa y a los suelos lo que hoy dejamos perder en rellenos sanitarios.
