El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile acudió a la Contraloría General de la República debido al Oficio de la Dirección de Educación Pública (DEP), el cual instruye graves medidas como la fusión de cursos, la disminución de la dotación docente, entre otras.
El Presidente Nacional del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, explicó “acabamos de realizar una presentación a la Contraloría respecto del Ordinario 2622 de la Dirección de Educación Pública, donde se instruye una serie de medidas, algunas de ellas muy perjudiciales para la educación y que pueden afectar gravemente el servicio educacional en los distintos SLEP del país”.
El líder gremial docente agregó “este ordinario, a nuestro entender, contiene una serie de vicios de legalidad, porque se atribuye al Director de Educación Pública facultades que no tiene respecto de instruir sobre dotación de personal o sobre materias técnico-pedagógicas que aún no han sido suficientemente trabajadas en los planes anuales”.
Mario Aguilar Arévalo finalizó “esperamos que la Contralora General de la República, la señora Dorothy Pérez, tenga la misma celeridad con este actuar ilegal de la Dirección de Educación Pública que la que ha tenido con los docentes en distintas materias”.
Por su parte, la Secretaria del Regional Metropolitano, Rosa María Montecinos, afirmó “el fundamento de esta solicitud que se hace a Contraloría a partir del ordinario tiene que ver con las dotaciones docentes que requieren de sus profesionales para trabajar en las escuelas de acuerdo a las necesidades de los establecimientos”.
Finalmente, la dirigenta añadió: “se debe entender, además, que las construcciones de las dotaciones docentes se hacen en vinculación con los PIE, PADEM, PAL y el programa PIE. Entonces, no pueden ser los recortes presupuestarios los que determinen cuáles son los profesionales que se requieren”.
