Los parlamentarios Kast (Evópoli), Charpentier (REP) y Grohs (PNL), cuestionaron que trasladar contratos desde la UF a pesos genere por sí mismo un alivio para las familias. Advirtieron sobre eventuales efectos en tasas, precios y acceso al financiamiento, y plantearon que las medidas deberían concentrarse en aumentar los ingresos, el empleo y la capacidad de compra de los hogares.
Los diputados Tomás Kast (Evópoli), Paz Charpentier (REP) y Erich Grohs (PNL) criticaron la propuesta levantada por la bancada del PDG para revisar los contratos actualmente expresados en Unidad de Fomento y avanzar hacia cobros en pesos. La iniciativa surgió después del IPC de septiembre y apunta, según sus impulsores, a entregar mayor certeza a las familias frente al reajuste de dividendos, arriendos y otras obligaciones.
Tomás Kast, integrante de la Comisión de Economía, advirtió sobre las consecuencias que, a su juicio, podría provocar una eliminación de la UF. “Eliminar la UF por decreto no se puede. Es una promesa populista que puede terminar dañando a los más pobres, porque eso va a implicar un alza en las tasas, alza de precios y un menor acceso a la vivienda para quienes más lo necesitan”, sostuvo. El parlamentario agregó que “es una promesa populista que puede sonar muy bien, pero que va a terminar perjudicando justamente a quienes más lo necesitan”.
Paz Charpentier, integrante de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, en tanto, apuntó a que modificar la unidad en que se expresa una obligación no necesariamente reduce su costo. “Cambiar la UF por pesos no hace que las cuentas bajen ni que a las familias les alcance más. Cambia simplemente la forma de expresar el cobro, pero no elimina su costo. Presentar esto como un alivio concreto es crear una falsa expectativa que la propuesta no es capaz de garantizar”, afirmó. La diputada agregó que “no es bueno para Chile que parte del PDG persevere en este rumbo porque no es serio. Si queremos proteger de verdad a las familias, hablemos de medidas que aumenten derechamente sus ingresos, como por ejemplo el subsidio unificado al empleo, que busca impulsar la contratación formal y contempla aportes por parte del Estado de hasta un 20% de la remuneración bruta para grupos prioritarios”.
Erich Grohs, integrante de la Comisión de Trabajo, también planteó reparos a la propuesta y sostuvo que el debate debería concentrarse en las causas del aumento del costo de vida. “Entiendo la preocupación que existe por los cobros en UF, pero reemplazar una unidad indexada por pesos no elimina la inflación ni abarata automáticamente los contratos. Si obligamos a fijar todo en pesos, el riesgo es que bancos, arrendadores y prestadores incorporen anticipadamente esa inflación en precios, tasas y condiciones más duras”, señaló. El parlamentario agregó que “el problema real es que los ingresos de las familias no han crecido al ritmo del costo de vida. La salida debe ser más competencia, certeza jurídica, crecimiento y empleo, no una medida que puede terminar generando exactamente el efecto contrario al que se busca”. La postura sigue la línea que Grohs ya había manifestado anteriormente al advertir sobre eventuales aumentos de precios iniciales ante restricciones al uso de la UF.
El debate sobre la UF se ha reactivado durante los últimos meses y no existe una única fórmula en discusión. Mientras el PDG plantea revisar en qué contratos se justifica mantenerla y abrir alternativas en pesos, otros proyectos actualmente en el Congreso buscan limitar su utilización en contratos de corto plazo, arriendos y cobros educacionales, excluyendo expresamente los créditos hipotecarios. El Banco Central, en exposiciones previas ante el Congreso, también ha advertido que restringir mecanismos de reajustabilidad puede modificar las condiciones de financiamiento y trasladar parte del riesgo inflacionario hacia precios o tasas iniciales.
