El desastre de Las Condes demuestra que la prevención debe pasar de los diagnósticos a obras ejecutadas, mantenidas y articuladas con la planificación urbana.
El aluvión del 8 de octubre en San Carlos de Apoquindo dejó una imagen difícil de olvidar: calles convertidas en cauces, vehículos arrastrados y familias expuestas a una emergencia de rápida evolución. Más allá de la contingencia, lo ocurrido plantea una pregunta incómoda para Chile: ¿estamos construyendo ciudades capaces de convivir con los riesgos naturales de su territorio?
La activación de la quebrada Las Ondas y el desplazamiento de agua, barro y rocas no constituyen solamente un problema meteorológico. Son también una advertencia sobre la relación entre expansión urbana, ocupación de zonas expuestas, manejo de cuencas e infraestructura de protección. En la precordillera, una quebrada puede permanecer aparentemente inactiva durante largos períodos y transformarse en pocos minutos en un corredor de alta energía. La ingeniería debe considerar esa posibilidad antes de que el suelo se urbanice, no después de que se produzcan los daños.
El contexto climático agrega presión. De acuerdo con los registros citados por especialistas de la Universidad de Santiago, al 7 de octubre la capital acumulaba 74 milímetros de lluvia en el mes, por encima de los 65 milímetros que marcaron el récord de octubre de 1987. Sin embargo, atribuir cada daño exclusivamente al cambio climático sería una simplificación. La intensidad de la precipitación importa, pero también la pendiente, los sedimentos disponibles, la pérdida de cobertura vegetal, las obras existentes, su mantenimiento y la exposición de personas y bienes.
Un antecedente especialmente relevante es que el riesgo no era completamente desconocido. Según antecedentes difundidos tras la emergencia, un informe técnico de Sernageomin de febrero de 2026 ya describía la reactivación de procesos de remoción en masa en quebradas del sector y recomendaba medidas de monitoreo y mitigación. En junio, una presentación municipal advertía sobre el incremento del riesgo aluvional asociado a la pérdida de vegetación después de incendios. Esos documentos no permiten, por sí solos, establecer responsabilidades por el episodio de octubre; sí obligan a examinar cómo se transforman las advertencias técnicas en decisiones, presupuestos y obras oportunas.
Aquí aparece una debilidad persistente en la gestión de infraestructura: el tiempo administrativo no siempre coincide con el tiempo del riesgo. Los estudios, diseños, autorizaciones, licitaciones y contratos son necesarios para asegurar calidad y probidad. Pero cuando una intervención preventiva identificada como prioritaria demora más que la ventana disponible para ejecutarla, el sistema requiere mecanismos de gestión más ágiles, sin renunciar al control técnico ni a la transparencia. La prevención debe tener responsables, plazos verificables y seguimiento público.
Desde la gestión de la construcción, no basta con levantar muros o instalar barreras de manera aislada. Una estrategia eficaz exige abordar la cuenca completa: identificar puntos de generación y acumulación de sedimentos, revisar la capacidad hidráulica de cauces y atraviesos, disponer obras de retención donde corresponda y asegurar rutas seguras para el escurrimiento. También demanda inspecciones después de lluvias e incendios, limpieza programada y evaluación periódica del desempeño de las soluciones. Una obra sin mantenimiento puede entregar una sensación de seguridad que no corresponde a su capacidad real.
La tecnología ofrece herramientas útiles, siempre que se integre a decisiones concretas. Sensores de precipitación y nivel, estaciones de monitoreo en quebradas, modelos hidrológicos e hidráulicos, información geoespacial y sistemas de alerta pueden mejorar la anticipación. La propia dirección de Senapred reconoció, tras el evento, la ausencia de un sistema nacional de monitoreo en tiempo real de remociones en masa. Ese vacío debiera impulsar pilotos en cuencas críticas, con protocolos claros para interpretar señales, activar cierres preventivos y comunicar riesgos a la población. Ningún sensor elimina la incertidumbre; una red bien diseñada puede reducirla.
También corresponde revisar la forma en que planificamos la ciudad. La infraestructura de mitigación no puede utilizarse como justificación automática para seguir aumentando la exposición en sectores peligrosos. Los instrumentos de planificación territorial deben incorporar mapas de amenaza actualizados, restricciones de uso de suelo y criterios de diseño coherentes con escenarios de precipitación extrema. El Atlas de Riesgos Climáticos del Ministerio del Medio Ambiente ya ofrece información para orientar decisiones; el desafío es traducir el conocimiento disponible a normas, proyectos y prioridades de inversión.
Propongo avanzar hacia una cartera metropolitana de obras de resiliencia, priorizada según riesgo para las personas, infraestructura crítica y continuidad de servicios, no solo por visibilidad política. Cada intervención debería contar con diagnóstico de cuenca, solución técnica evaluada, presupuesto de conservación, responsable institucional e indicadores públicos de avance. La coordinación entre municipios, Gobierno Regional, MOP, organismos técnicos y comunidades es tan importante como el financiamiento: el agua no reconoce límites comunales ni divisiones administrativas.
La industria de la construcción tiene aquí una responsabilidad y una oportunidad. Empresas, proyectistas, inspecciones técnicas y universidades pueden contribuir con soluciones basadas en evidencia, mejores estándares constructivos, monitoreo de obras y formación de especialistas en gestión del riesgo. Invertir en prevención no es un gasto accesorio: es proteger vidas, reducir interrupciones y evitar reconstruir reiteradamente lo que pudo haberse resguardado.
Las investigaciones deberán establecer las causas específicas y eventuales responsabilidades del aluvión de Las Condes. Entretanto, hay una conclusión que no requiere esperar sus resultados: Chile necesita medir el éxito de su infraestructura no solo por las obras inauguradas, sino por los daños que logra evitar. La próxima lluvia intensa no debería encontrarnos nuevamente con diagnósticos conocidos y soluciones todavía pendientes.
