La integrante de la Comisión de Familia anunció una iniciativa legal para impedir que vuelvan a otorgarse reducciones de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Además, solicitará a Contraloría revisar la legalidad de los 56 decretos concedidos entre marzo y septiembre de este año.
La diputada Francesca Muñoz (PCCh), integrante de la Comisión de Familia, anunció la presentación de un proyecto de ley para impedir que vuelvan a producirse rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La iniciativa surge luego de conocerse que, entre el 11 de marzo y el 13 de septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia otorgó 56 beneficios de este tipo: 27 correspondientes a condenados por abuso sexual de menores y 29 por violación. En el mismo período solo una solicitud fue rechazada.
“Lo ocurrido con la rebaja de condena a abusadores sexuales es muy grave y debe revertirse. Por eso recurriremos a Contraloría para que revise la legalidad de estos decretos y presentaremos un proyecto de ley para impedir que situaciones como estas vuelvan a ocurrir. No permitiremos que se siente un precedente que debilite la protección de la infancia y la adolescencia”, sostuvo Muñoz.
Las reducciones están reguladas por la Ley 19.856, vigente desde 2003, que contempla una rebaja de dos meses por cada año de cumplimiento para quienes acrediten comportamiento sobresaliente, aumentando a tres meses por año desde la mitad de la condena. El 9 de febrero de 2022 entró en vigencia la Ley 21.421, que modificó esta normativa e incorporó expresamente entre las exclusiones a quienes hayan cometido determinados delitos sexuales contra víctimas menores de edad. El proyecto anunciado por Muñoz buscará reforzar la legislación para evitar que las diferencias de interpretación sobre estas normas permitan que vuelvan a producirse casos de este tipo.
El punto central de la controversia está en los delitos cometidos antes de la modificación de 2022. El Ministerio de Justicia sostuvo que no ha concedido rebajas por abusos sexuales o violaciones de menores perpetrados desde el 9 de febrero de ese año y argumentó que la Corte Suprema ha establecido que la nueva exclusión no puede aplicarse retroactivamente cuando resulte más desfavorable para condenados por hechos anteriores. Existen fallos recientes del máximo tribunal en esa línea, entre ellos uno conocido en enero de 2026 respecto de delitos cometidos entre 2016 y 2017. Frente a ello, Muñoz anunció que recurrirá a Contraloría para que examine la legalidad de los decretos y los criterios administrativos utilizados por la cartera.
La controversia se extendió además a la Defensoría de la Niñez, que anunció que solicitará explicaciones al Ministerio de Justicia por los antecedentes considerados y las medidas adoptadas para resguardar a las víctimas, cuestionando lo que calificó como un cambio respecto del criterio histórico de la cartera. Según cifras recopiladas por Emol, durante los últimos cinco años se han concedido 332 rebajas de condena vinculadas a delitos sexuales: 276 durante los cuatro años de la administración anterior y las 56 conocidas durante el actual Gobierno. Para Muñoz, estos antecedentes refuerzan la necesidad de revisar el marco legal y evitar que su aplicación termine debilitando la protección de niños, niñas y adolescentes.
