En dependencias de la Fiscalía Nacional, los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) presentaron una denuncia penal contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa, tras conocerse que el Ministerio de Justicia dictó 56 decretos que concedieron rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La acción judicial, fundada en el artículo 228 del Código Penal, cuestiona la legalidad de estas resoluciones, que beneficiaron a 27 condenados por abuso sexual y 29 por violación. Según los parlamentarios, los decretos contravienen el artículo 17 de la Ley N.º 19.856, que establece restricciones expresas para conceder rebajas de condena a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Al respecto, el diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que «el ministro de Justicia le ha mentido al país, le ha mentido a las víctimas y también le ha mentido a sus familias. Él no estaba obligado por ninguna ley a otorgar rebajas de condenas a pederastas. Lo que sí estaba obligado a hacer, según la ley expresamente, era negarles el beneficio de rebaja de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños y niñas.
La ley es expresa, excluye de manera absoluta, dice que de modo alguno se podrá otorgar este beneficio a estos condenados por estos crímenes tan aberrantes. Y lo que hizo el ministro fue decidir, de forma arbitraria y de forma también ilegal y caprichosa, que sencillamente no iba a aplicar la ley, invocando una jurisprudencia de la Corte Suprema. Pues bien, esa jurisprudencia no obliga al ministro ni obliga a la administración. Solamente las sentencias rigen el caso concreto. Y, al mismo tiempo, él ha argumentado que esto se hace también por una razón de eficacia y eficiencia para evitar juicios.
Entonces, nos preguntamos si tiene sentido, si es realmente ético y presentable ahorrarse un abogado, ahorrarse un juicio para liberar a un pederasta, para liberar a una persona condenada por un delito tan terrible. Eesto claramente es ilegal y lo que establece el Código Penal es que, cuando se dicta una resolución que es manifiestamente injusta, es decir, es contraria a derecho, y en este caso es contraria a una norma expresa, en ese caso, bueno, se aplica este tipo penal y por eso hemos venido a denunciar a la Fiscalía.
Él tenía la obligación de denegar la rebaja de condena y, en consecuencia, creo que esto es muy grave y por eso estamos presentando esta denuncia. Y, al mismo tiempo, ratificar que lo que cabe acá, sin duda, es que el ministro renuncie a su cargo, que dé un paso al costado».
Por su parte, el diputado Juan Santana (PS), sostuvo «hemos decidido realizar esta acción de carácter penal contra el ministro Rabat y contra el subsecretario Silva, principalmente por el principio de prevaricación administrativa, que viene a ser un acto administrativo que es contrario a la ley, que es una de las obligaciones principales que tiene la autoridad, y principalmente porque nos parece impresentable que el presidente de la república, José Antonio Kast, ratifique en su puesto a esta autoridad, toda vez que ha sido cuestionada no solamente por nuestro sector político, sino que por el propio exministro de justicia de Sebastián Piñera.
Este gobierno, quiéralo o no, va a ser recordado como la administración que dejó en libertad a 56 personas que cometieron delitos sexuales contra menores de edad, y esa cuestión nos parece completamente impresentable, y no solamente empujaremos si estamos revisando los méritos suficientes para llevar adelante una acusación constitucional, sino que, además, vamos a tomar la vía penal para poder empujar las responsabilidades que corresponden contra autoridades que fueron desprolijas pero que, además, ponen en riesgo, justamente, la seguridad de los chilenos y chilenas».
