Un ejercicio de Corporación Ciudades identificó avances y brechas en cuatro ámbitos clave: información, planificación, inversión y preparación comunitaria. Entre los desafíos, destaca que 41 de las 126 comunas con mayor riesgo climático aún no cuentan con un Plan de Acción Comunal de Cambio Climático.
Ante la creciente exposición a eventos climáticos extremos, como lluvias intensas e inundaciones, Corporación Ciudades desarrolló un diagnóstico que permite evaluar qué tan preparadas están los centros urbanos del país para enfrentar los efectos del cambio climático. El ejercicio funciona como un “semáforo” de capacidades y brechas, con el objetivo de identificar dónde existen avances y qué aspectos requieren mayor atención.
El análisis considera dimensiones como información y diagnóstico; planificación territorial; inversión y conservación; y comunidad y preparación local. A partir de estas áreas, identifica las capacidades existentes y los desafíos pendientes para anticipar riesgos, proteger a la población y resguardar los ecosistemas.
“Chile cuenta con información, herramientas técnicas y experiencias valiosas para comprender los riesgos climáticos. El desafío es transformar ese conocimiento en decisiones concretas que nos permitan anticiparnos a las emergencias, en lugar de concentrar nuestros esfuerzos únicamente en responder cuando ya han ocurrido”, señala Martín Andrade, director ejecutivo de Corporación Ciudades.
En materia de información, Chile dispone de instrumentos como el Atlas de Riesgos Climáticos (ARClim), la Red Hidrométrica Nacional y plataformas de inteligencia territorial. Sin embargo, persisten brechas en los sistemas de pronóstico meteorológico de alta resolución, fundamentales para anticipar eventos extremos y mejorar la capacidad de respuesta.
En planificación territorial y gestión del riesgo, las cifras muestran desafíos importantes. De las 346 comunas del país, 56 no cuentan con un Plan Regulador Comunal y el 80% de los planes vigentes tiene diez años o más de antigüedad. Además, 127 comunas —el 37% del país— carecen de un Plan Comunal para la Reducción del Riesgo de Desastres. Estos antecedentes evidencian la necesidad de fortalecer los instrumentos de planificación para incorporar los riesgos climáticos y reducir la vulnerabilidad de los territorios.
En materia de inversión, el diagnóstico advierte una baja participación de iniciativas destinadas a reducir el riesgo de desastres dentro de la inversión pública urbana. Según datos de Inversión en Ciudades, de las 10.513 iniciativas de inversión pública urbana registradas entre 2013 y 2023, solo 119 estuvieron vinculadas a la reducción del riesgo de desastres. A esto se suma que el proyecto de Presupuesto 2027 propone una disminución del 19,3% en el programa de Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático, lo que plantea interrogantes sobre la disponibilidad de recursos para financiar medidas de prevención y adaptación.
Las brechas también se observan en los planes específicos de adaptación climática. De las 126 comunas con mayor riesgo climático analizadas, 41 todavía no cuentan con un Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. A esto se suma la necesidad de fortalecer la inversión preventiva, el mantenimiento de infraestructura y la trazabilidad de los recursos destinados a reducir los riesgos.
Capacidades existentes y desafíos pendientes
También existen estudios especializados de Corporación Ciudades que analizan la exposición a inundaciones, la cobertura vegetal y la población potencialmente afectada. Estas herramientas constituyen una base para orientar las decisiones públicas y priorizar intervenciones, aunque persiste el desafío de mejorar la capacidad de anticipación meteorológica para prever fenómenos extremos con mayor precisión.
En materia de comunidad y preparación local, Chile cuenta con capacidades institucionales y profesionales para avanzar en la gestión del riesgo. En 2025, la Plataforma Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, coordinada por Senapred, reunió a 223 organizaciones y cerca de 370 representantes del sector público, la sociedad civil, la academia y el sector privado.
A esto se suma la experiencia de profesionales especializados en sistemas de información, tecnología, soluciones y trabajo comunitario. Estas capacidades ofrecen una oportunidad para fortalecer la coordinación entre instituciones y comunidades. “El desafío es traducirlas en una participación más amplia de las organizaciones sociales y la ciudadanía en la prevención, la preparación y la gestión de los riesgos”, concluye Martín Andrade.
