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Ministro Rabat admite que riesgo de reincidencia de abusadores sexuales “siempre ha estado latente”

El programa de reciclaje orgánico desarrollado en Concón, con financiamiento de Enap y la participación de establecimientos gastronómicos y hoteleros…

La controversia se profundizó tras un reportaje de Radio BioBío que identificó a 33 de los 56 condenados beneficiados con reducciones de penas durante la actual administración. La investigación, basada en antecedentes judiciales e informes de Gendarmería, reveló que algunos de los internos presentaban indicadores de alto riesgo de reincidencia, dificultades para reconocer sus delitos y falta de empatía con las víctimas.

Al respecto, Rabat explicó ante la prensa que “hay que entender bien el procedimiento de rebaja de condenas, en el cual, no es el ministerio de Justicia quien analiza el mérito de la solicitud”, y detalló que dicha función recae en una instancia integrada por magistrados y profesionales del área psicosocial.

En esa línea, precisó que el ministerio se limita a determinar el cumplimiento de las formalidades establecidas en la normativa, sin ponderar individualmente la situación de los internos.

Respecto del riesgo de reincidencia, el secretario de Estado sostuvo que el sistema funciona bajo estas condiciones desde hace más de dos décadas.

«En todo este sistema, que como ustedes ya saben, data desde el año 2003, es decir tiene más de 20 años de duración, ese riesgo siempre ha estado latente», afirmó.

El ministro insistió en que su cartera carece de competencias para evaluar los informes de Gendarmería, atribución que corresponde a la comisión encargada de resolver las solicitudes de rebaja de condenas.

Frente a los cuestionamientos, Rabat destacó que el Gobierno prepara una modificación legal para fortalecer el procedimiento y otorgar mayor relevancia a los antecedentes penitenciarios al momento de resolver estos beneficios. En particular, explicó que la propuesta establece que los informes de Gendarmería tengan la condición de antecedentes calificados para la evaluación de las solicitudes.

Finalmente, aseguró que el proyecto busca corregir las deficiencias detectadas en el sistema, tras la controversia que llevó al Presidente José Antonio Kast a reconocer errores en las rebajas de condenas y anunciar modificaciones legislativas.

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