Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) solicitaron al Fiscal Nacional la designación de un fiscal con dedicación exclusiva para investigar la denuncia penal que presentaron contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, y el subsecretario de Justicia, Luis Silva, por el presunto delito de prevaricación administrativa, en el marco de las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
Los parlamentarios argumentaron que se trata de una investigación de máxima gravedad y alta complejidad, que requiere revisar una cantidad importante de decretos de rebaja de condena y que involucra a altas autoridades de Gobierno. Por ello, sostuvieron que contar con un fiscal dedicado exclusivamente a la causa permitiría garantizar una investigación eficaz, considerando tanto la carga de trabajo como la especialización y experiencia necesarias para esclarecer los hechos.
El diputado Juan Santana (PS), sostuvo «hemos venido nuevamente a la Fiscalía porque la situación del Ministro Rabat y el Subsecretario Silva con la firma de los 56 decretos que rebajan la condena de personas que se vieron envueltas en delitos contra menores de edad, ya no lo podemos calificar como un mero error.
Ellos rechazaron solicitudes hasta el mes de mayo y posteriormente cambiaron su criterio. Y cuando se dicta un acto administrativo, cuando se firma un decreto a sabiendas que es injusto y contradictorio con el espíritu que tiene la ley, eso se llama prevaricación administrativa. Y a nuestro juicio, este caso que tiene conmovido a todo el país, que ha generado alto interés por parte de las autoridades, requiere de un fiscal exclusivo para la causa que hemos presentado».
Por su parte, el diputado Luis Cuello (PC), dijo «ayer, el ministro Rabat dijo que no se había indicado ninguna infracción de ley. Eso es falso, eso es mentira. Él no ha querido escuchar. Él infringió la ley, toda vez que expresamente dice la norma que en caso alguno se puede otorgar el beneficio de rebaja de condena a responsables de delitos sexuales contra menores de edad.
Él no tenía una alternativa, no tenía una opción, él no podía elegir. Él sencillamente tenía que obedecer la ley y no lo hizo para beneficiar a pederastas. Acá no solamente hay un error, sino que acá hay un delito. Y ese delito debe ser investigado por la Fiscalía, por el Ministerio Público. Y es importante que, en función del principio de igualdad ante la ley y para tener en cuenta la investidura del ministro, esto sea investigado por un fiscal especial. Y eso es lo que estamos solicitando».
