La parlamentaria republicana respaldó la decisión del Ejecutivo de impulsar modificaciones al texto y valoró el Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, que contempla recursos por $166.600 millones. Además, cuestionó el proyecto por falta de medidas concretas de prevención e imponer nuevas obligaciones a pequeños propietarios sin contemplar financiamiento suficiente para cumplirlas.
La diputada Paz Charpentier (REP), representante del Distrito 20 de la Región del Biobío e integrante de la Comisión Mixta que analizó la Ley de Incendios, respaldó la propuesta del Gobierno de avanzar con un veto sustitutivo al proyecto que regula la prevención y mitigación de incendios forestales. La iniciativa, correspondiente al boletín 16.335-14 e ingresada en octubre de 2023, busca establecer nuevas obligaciones preventivas, especialmente en zonas de interfaz urbano-rural y terrenos expuestos a incendios. Sin embargo, su tramitación ha generado diferencias respecto de las responsabilidades económicas que recaerían sobre los propietarios. La Comisión Mixta despachó su informe el pasado 7 de octubre, manteniendo disposiciones que, según la parlamentaria, requieren modificaciones para garantizar una prevención efectiva sin imponer cargas desproporcionadas.
Durante su intervención, Charpentier cuestionó el enfoque de la propuesta y recordó declaraciones de antiguas autoridades sobre las causas de los incendios forestales. “Bueno, cómo olvidar que hace algunos años un ministro decía que la explicación de los incendios eran los conejos de fuego, digamos, que transitaban por los bosques de nuestro país, promoviendo los incendios. Bueno, esto lo traigo a colación porque yo creo que es una muestra clara de la frivolidad que también contempla y consagra este proyecto”, señaló. En esa línea, agregó que “no se imaginan cuánto nos duele desde la Región del Biobío un proyecto de ley que es más bien una señal para la galería, una venta de pomada, y una muestra más de cómo el Estado habitualmente da respuestas que no se hacen cargo de los problemas reales”.
La parlamentaria profundizó sus cuestionamientos sobre las exigencias contempladas en la iniciativa, especialmente por sus efectos sobre pequeños propietarios de terrenos forestales. “En este país hemos transformado, tenemos ya a esta altura una mala costumbre que es generar y generar y generar reglas que al final del día terminan oponiéndose y siendo un problema para los chilenos. Este proyecto tiene algunas inconsistencias que son un ejemplo claro de lo que digo”, sostuvo. Asimismo, advirtió que “por una parte, se exige a pequeños propietarios soportar la carga de esta regulación sin un financiamiento que permita abordarlo de manera adecuada, es decir, ampliando el concepto de lo que es la función social de la propiedad consagrada en nuestra Constitución Política, sin hacerse cargo del problema”.
En materia de prevención, Charpentier cuestionó que el texto establezca obligaciones sin contemplar, a su juicio, herramientas suficientes para garantizar su cumplimiento. “Y se escribe, además, en el proyecto, este es otro ejemplo, la palabra prevención, pero resulta que no hay herramientas concretas que permitan llevar a la práctica la prevención en términos reales”, afirmó. La discusión se relaciona con uno de los puntos más controvertidos de la tramitación: la obligación de ejecutar medidas preventivas en terrenos privados y la eventual compensación económica a sus propietarios. El informe de la Comisión Mixta estableció que el Estado no tendría la obligación de indemnizar por determinadas intervenciones destinadas a la construcción de cortafuegos, aspecto que ha sido cuestionado por parlamentarios oficialistas y que motivó la evaluación de modificaciones por parte del Ejecutivo.
Frente a este escenario, Charpentier anunció su rechazo al texto y respaldó la alternativa del veto sustitutivo promovida por el Gobierno. “Por esta razón, desde el Partido Republicano, como tantas otras veces los últimos días, vamos a actuar con valentía nuevamente porque creemos que es lo mejor para Chile. Vamos a votar en contra de este proyecto de ley y agradecemos profundamente el veto sustitutivo del Presidente de la República, que viene a hacerse cargo del problema de fondo, de la prevención, de que la función social esté debidamente acotada y además también aprovechamos de agradecer el plan de incendios recientemente anunciado”, sostuvo. Sus declaraciones se producen después de que el Presidente José Antonio Kast presentara, el 27 de octubre, el Plan de Protección contra Incendios Forestales 2026-2027, que contempla $166.600 millones, 657 brigadas, más de 7 mil brigadistas y 133 aeronaves. La estrategia considera medidas de prevención, detección temprana, construcción de cortafuegos y coordinación institucional. Con su postura, la diputada planteó que las modificaciones legislativas deben traducirse en herramientas efectivas para prevenir emergencias y proteger a las familias, especialmente en regiones como el Biobío, afectadas por incendios forestales de gran magnitud.
