Los parlamentarios solicitaron al Consejo de Defensa del Estado informar si ha iniciado acciones contra gerentes, exgerentes y demás eventuales responsables de la adulteración de 42.100 toneladas de cobre. Advierten que el perjuicio contable podría alcanzar los US$140 millones y que también deben recuperarse los bonos pagados sobre cifras infladas.
La totalidad de la bancada de diputados de Renovación Nacional, Evópoli e independientes ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para exigir claridad respecto de las acciones judiciales que se están adoptando frente a las graves irregularidades detectadas en Codelco, luego de que la propia estatal reconociera que las cifras de producción de cobre de los años 2024 y 2025 fueron infladas artificialmente en 42.100 toneladas de cobre fino.
El oficio, dirigido al presidente del Consejo de Defensa del Estado, apunta a determinar si el organismo ha iniciado acciones civiles y penales contra gerentes, exgerentes, ejecutivos y todos quienes pudieran tener responsabilidad en estos hechos, y solicita que, en caso de no existir gestiones en curso, se disponga el estudio y ejercicio de las acciones judiciales correspondientes.
Los antecedentes conocidos son especialmente preocupantes. En la junta extraordinaria de accionistas del pasado 5 de noviembre, Codelco informó que la sobreestimación alcanzó las 24.000 toneladas durante 2024 y otras 18.100 toneladas en 2025. Entre los mecanismos identificados figuran la contabilización como producción final de materiales que todavía no completaban su proceso, la duplicación de registros entre distintas divisiones y el adelantamiento de producción de un ejercicio para compensarla en el siguiente.
La magnitud del problema podría traducirse en un castigo contable de entre US$120 millones a US$140 millones. Pero las consecuencias no terminan ahí: las cifras infladas también habrían incidido en el pago de bonos a trabajadores, recursos que la propia compañía anunció que buscará recuperar.
En el oficio, los parlamentarios advierten que la investigación penal y las auditorías en curso no son suficientes para garantizar la protección de los recursos públicos. En ese sentido, plantean expresamente que “la existencia de una investigación penal y de auditorías administrativas no sustituye ni excluye el ejercicio de las acciones destinadas a obtener la reparación del daño patrimonial causado al Estado”.
Asimismo, el documento pone especial énfasis en el rol que debe cumplir el Consejo de Defensa del Estado, considerando que Codelco es la principal empresa estatal y una fuente relevante de ingresos fiscales. Al respecto, advierte que una eventual inacción del organismo significaría que “el costo de estas conductas sea soportado íntegramente por el erario y, en definitiva, por todos los chilenos, mientras que sus eventuales responsables no responderían patrimonialmente”.
Por esta razón, los parlamentarios solicitan al CDE responder diez puntos específicos, entre ellos:
Si se ha hecho parte en la investigación penal del Ministerio Público mediante querella u otra actuación.
Si ha evaluado presentar demandas de indemnización de perjuicios contra gerentes, exgerentes, ejecutivos, directores, auditores externos y terceros involucrados.
Cuál es el perjuicio estimado al patrimonio fiscal, incluyendo el castigo contable, los bonos pagados sobre cifras infladas y otros efectos económicos.
Si se han evaluado acciones para recuperar los bonos y beneficios pagados sobre la base de cifras de producción adulteradas.
Si se ha investigado la eventual entrega de información falsa o inexacta al mercado y la responsabilidad de las firmas auditoras externas.
Finalmente, los diputados solicitan que, en el caso que el CDE aún no haya iniciado gestiones, disponga el estudio y ejercicio de las acciones judiciales civiles y penales que correspondan, adoptando oportunamente las medidas cautelares necesarias para asegurar la reparación del daño.
