La experiencia ambiental de Chile ha mostrado la importancia de anticiparse a los riesgos y sostener la vigilancia en el tiempo. Los casos de contaminación por polimetales en Arica y los episodios de Quintero-Puchuncaví, aunque distintos entre sí, recuerdan que proteger la salud requiere evidencia y coordinación entre los organismos y entidades involucradas.
En este contexto, un estudio publicado en Environment International “The extractive classroom: indoor school environments as reservoirs of mining legacy” identificó arsénico, plomo, cobre y molibdeno en polvo depositado dentro y fuera de 38 escuelas de Calama. Algunos metales alcanzaron concentraciones hasta 10 veces más alto que el nivel de referencia con evidencia según análisis isotópicos y mineralógicos que demostraron que el polvo presente sería compatible con aportes mineros históricos. Este hallazgo invita a observar no solo lo que ocurre en el aire exterior, sino también los espacios interiores donde se estudia y trabaja.
Su interpretación exige precisión dado que la metodología de este estudio implicó una evaluación con muestreo de polvo interior y exterior, pero no se realizó biomonitoreo humano, por lo que no es posible inferir niveles elevados de metales en las personas. No obstante, este estudio aporta una señal de alerta al evidenciar que determinados no constituyen una barrera física y que el polvo particulado de la industria minera se acumula en su interior, pudiendo constituir un factor de riesgo ambiental subestimado.
Calama fue declarada zona saturada por MP10 en 2009. El plan de descontaminación publicado en 2022 fue posteriormente anulado y el 12 de marzo bajo Resolución Exenta N° 204/2024 se generan medidas provisionales. Sería interesante evaluar lo ocurrido en este periodo de tiempo ya que el estudio realizó las muestras en enero del 2023 previo a la resolución exenta, de aquí la importancia de verificar el cumplimiento de las medidas ambientales vigentes y dar continuidad a la investigación incorporando nuevas evaluaciones ambientales y de ser pertinente biomonitoreo que permitan estimar con mayor precisión la exposición de la población y sus potenciales efectos en la salud.
Desde la perspectiva de la Medicina del Trabajo y del Ambiente, este escenario plantea el desafío de integrar a todos los actores involucrados bajo una mirada que articule la salud pública y la salud ocupacional. La primera contribuye a evaluar riesgos poblacionales, proteger grupos vulnerables y orientar las estrategias de la vigilancia sanitaria.
Por su parte la salud ocupacional reconoce que los lugares de trabajo como un establecimiento educacional, donde docentes, asistentes y personal de aseo desarrollan funciones bajo exposiciones que deben ser analizadas en su magnitud. Sobre esa base, empleadores y equipos de prevención, con asesoría de los organismos administradores de la Ley 16.744 cuando corresponda, pueden impulsar medidas orientadas a fortalecer las condiciones ambientales de los establecimientos incluyendo mejoras de limpieza, ventilación y mantenimiento, así como evaluar la pertinencia de vigilancia de salud ocupacional. Este estudio convoca a autoridades, comunidades educativas, trabajadores, empleadores, organismos públicos, organismos de administración de la ley 16.744 y sector productivo a transformar los hallazgos en medidas preventivas sostenidas y verificables.
