El parlamentario republicano cuestionó que la recaudación tributaria sea uno de los argumentos para autorizar las plataformas de apuestas en línea y exigió garantías efectivas de fiscalización. La iniciativa, que avanza en el Senado, proyecta ingresos fiscales cercanos a $84 mil millones anuales, mientras estudios advierten sobre la exposición de menores de edad y los riesgos de adicción asociados a estas plataformas.
El diputado Alejandro Riquelme (REP), integrante de la Comisión de Economía de la Cámara, cuestionó el proyecto de ley que busca regular y autorizar el funcionamiento de las plataformas de apuestas en línea en Chile, advirtiendo sobre los riesgos que esta industria podría representar para la salud pública, la protección de menores y la prevención del lavado de activos. La iniciativa, correspondiente al boletín 14.838-03, fue aprobada en general por el Senado en agosto de 2025 y actualmente se encuentra en discusión particular en la Comisión de Economía. Según las estimaciones del Ministerio de Hacienda, el nuevo marco regulatorio permitiría recaudar aproximadamente $84 mil millones anuales, aunque Riquelme sostuvo que los eventuales ingresos fiscales no pueden convertirse en el principal criterio para autorizar actividades que requieren una fiscalización especialmente rigurosa.
“Si el argumento para legalizar las apuestas en línea es recaudar impuestos, ¿dónde ponemos el límite? ¿Mañana vamos a justificar la legalización de las drogas porque pagan impuestos o promover que quienes ejercen la prostitución emitan boletas de honorarios para aumentar la recaudación? El criterio no puede ser solamente cuánto dinero recibe el Estado”, cuestionó el parlamentario. Sus declaraciones se producen en medio de antecedentes que evidencian el alcance de esta industria. Según el Servicio de Impuestos Internos (SII), un conjunto de plataformas de apuestas digitales registró más de cuatro millones de transacciones durante 2025. En paralelo, un estudio presentado en octubre de ese año por la Cámara Nacional de Comercio reveló que el 14% de los jóvenes encuestados, desde octavo básico hasta educación superior, había apostado en línea durante el último año, con una edad promedio de inicio de 15,5 años y un 92% de exposición a publicidad relacionada con estas plataformas.
La preocupación por sus efectos también fue abordada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que estimó en 2024 que alrededor del 1,2% de la población adulta mundial presenta trastornos asociados al juego. En Chile, una encuesta de Datavoz realizada en julio de 2026 reveló que el 57,2% de los consultados manifestó una alta preocupación por el impacto de las apuestas online en menores de edad, mientras que un 58,4% se inclinó por mantener la prohibición de estas plataformas. Frente a este escenario, Riquelme sostuvo que “la salud de las personas y la protección de los menores deben estar por encima de la recaudación. No basta con aprobar una ley: hay que demostrar que podemos fiscalizarla. ¿Cómo vamos a controlar efectivamente a empresas que operan desde el extranjero, en jurisdicciones opacas? Controlar sus pagos a través de la banca nacional no resuelve todo: ¿qué ocurre si utilizan criptomonedas para eludir esos controles?”.
Finalmente, Riquelme insistió en que cualquier avance legislativo debe estar acompañado de mecanismos efectivos para prevenir delitos financieros y evitar que organizaciones criminales aprovechen las plataformas digitales para operaciones ilícitas. “Antes de avanzar, necesitamos garantías concretas: conocer a los verdaderos dueños, verificar el origen del dinero y tener capacidad real de sancionar y excluir a quienes incumplan. ¿Cómo impediremos que estas plataformas sean utilizadas para lavar dinero y que el crimen organizado termine penetrando nuestras instituciones? Chile no puede abrir esa puerta a cambio de una promesa de recaudación”, advirtió. Sus cuestionamientos se instalaron en una discusión donde los impulsores de la regulación sostienen que un sistema de licencias permitiría controlar una actividad que actualmente opera al margen de la legislación, mientras que el parlamentario exigió demostrar previamente que las herramientas de fiscalización serán suficientes para proteger a los usuarios y la seguridad del país.
