La diputada republicana solicitó revisar si la contratación del exalcalde de Recoleta como asesor urbanístico responde a una necesidad del municipio y si el proceso respetó los principios de probidad, imparcialidad y transparencia.
La diputada Javiera Rodríguez (REP) solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento sobre la legalidad de la contratación de Daniel Jadue como asesor urbanístico de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) de Cerro Navia. El oficio, dirigido a la contralora Dorothy Pérez, pide revisar la justificación del cargo, cómo se evaluaron los antecedentes profesionales del exalcalde de Recoleta y si las condiciones del contrato se ajustan a la normativa.
Según fuentes municipales consultadas por BioBioChile, Jadue se incorporó en noviembre a media jornada, con grado 7 de la escala municipal. A partir de esa escala, la remuneración se estima en $1,3 millones brutos mensuales. La parlamentaria pidió examinar si algún vínculo personal o político pudo influir en la decisión de contratarlo.
“¿Sabían que Daniel Jadue fue contratado como asesor urbanístico en Cerro Navia? Sí, el mismo Jadue, acusado por estafa, cohecho y fraude al fisco en el caso Farmacias Populares. Todos tienen derecho a trabajar, pero si es en un municipio, los estándares deberían ser bastante más altos. Porque los municipios están para servir y ayudar a los vecinos, no para convertirse en agencias de empleo de los amiguitos políticos”, señaló Rodríguez.
En el caso Farmacias Populares, la Fiscalía acusa a Jadue de fraude al fisco, estafa, cohecho y un delito concursal. La causa está en etapa de preparación del juicio oral y el exalcalde, que cumple arresto domiciliario nocturno, ha sostenido su inocencia. El oficio también pide revisar la compatibilidad de las medidas cautelares con el desempeño de sus funciones.
Rodríguez sostuvo que las contrataciones municipales deben responder a criterios técnicos y a las necesidades de los vecinos. Solicitó que Contraloría examine los antecedentes y determine si la decisión se ajustó al marco legal.
