La sexta alza consecutiva de los combustibles ha instalado un debate en el que se confunden dos realidades: la de las empresas, que cuentan con mecanismos propios para recuperar parte del impuesto; y la de las personas, que lo soportan por entero.
En este contexto, ¿por qué no rebajar a la mitad, durante 120 días, el componente base del impuesto específico que grava la gasolina de 93 octanos, la de uso más extendido en el país? Con los valores de noviembre, la rebaja equivale a algo más de $200 por litro. No se trata de derogar el impuesto ni de alterar el mecanismo de estabilización de precios, sino de un alivio con fecha de término y con un retorno gradual a la tasa vigente.
Una segunda idea es congelar, por el mismo período, las tarifas del transporte público. Una rebaja a la gasolina nada ofrece a los hogares que no tienen automóvil, y esta medida se dirige a ellos.
En tanto, una tercera opción es reducir a la mitad el pasaje escolar de buses y metro, de modo que el beneficio alcance también el inicio del año escolar 2027. El monto por familia es modesto, pero llega a quienes no tienen otra forma de trasladarse a estudiar.
Estas tres medidas tienen un costo fiscal y quien las impulse deberá señalar cómo se financian. Sin embargo, su mérito radica en que son acotadas, medibles y reversibles. Además, reparten el alivio entre quienes conducen, quienes usan el transporte público y quienes estudian.
En este sentido, separar a las personas de las empresas permite diseñar medidas más simples y más justas para cada grupo. En materia tributaria, la iniciativa corresponde exclusivamente al Presidente de la República. Por eso estas ideas no se presentan como un proyecto, sino como un aporte a la discusión. Ahora, quedan en manos del Ejecutivo y de los parlamentarios que quieran hacerlas suyas.
