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«El resultado es evidente»: Bancada UDI acusa «falta de imparcialidad» de comisión revisora y exige acortar tramitación de AC contra Rabat

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Flor Weisse y Sergio Bobadilla apuntaron a las polémicas declaraciones que han realizado los diputados Raúl Soto (PPD), Lorena Pizarro (PC) y Lorena Fries (FA) sobre el ministro de Justicia.

La jefa y el subjefe de la Bancada de la UDI, Flor Weisse y Sergio Bobadilla, respectivamente, advirtieron una «falta evidente de imparcialidad» entre los tres parlamentarios de oposición que fueron sorteados para integrar la comisión revisora que estará a cargo de estudiar la acusación constitucional (AC) que todos los partidos de izquierda decidieron presentar en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Se trata de los diputados Raúl Soto (PPD), Lorena Pizarro (PC) y Lorena Fries (FA), quienes a juicio de los legisladores gremialistas ya tienen una opinión «preconcebida» respecto del libelo de la oposición.

En esa línea, si bien los parlamentarios de la UDI ratificaron que el pronunciamiento de la comisión no es vinculante, puesto que la decisión final corresponde a la Sala de la Cámara de Diputados, criticaron que los tres diputados de oposición que salieron sorteados no sólo hayan emitido diversas opiniones sobre la acusación, sino que incluso hayan participado en su elaboración, pese a no haberla firmado.

Así, recordaron una de las declaraciones más polémicas respecto del libelo, formulada por el diputado Soto, quien sostuvo que «hay principios éticos y políticos que van a regir nuestro actuar», agregando que «los parlamentarios van a tener dos caminos: o se ponen del lado de las víctimas o del lado de los victimarios», lo que fue calificado como una «extorsión moral» por parte de los jefes de la Bancada UDI.

Pero además, Weisse y Bobadilla también hicieron referencia a otras declaraciones de similar tenor, como las de la diputada Lorena Pizarro, quien calificó la firma de los 56 decretos como «lo más grave que ha ocurrido después de los crímenes de la dictadura civil militar», o las de Lorena Fries, quien vinculó dicha decisión con las solicitudes de indulto que ha recibido el Gobierno sobre el «estallido social», planteando que «me parece que hay una estrategia detrás para que, ante la convulsión que produce el proyecto de conmutación de penas, esta fuera la forma soterrada de ponerlos en libertad».

Producto de lo anterior, los parlamentarios gremialistas exigieron a la comisión revisora reducir al mínimo los plazos de tramitación de la acusación constitucional contra el ministro Fernando Rabat, argumentando que «si la oposición insiste en dilatar al máximo este asunto, lo único que quedará en evidencia es su intención de seguir instrumentalizando a las víctimas para así perjudicar al Gobierno».

«Este no es el Senado y, por lo tanto, los diputados tienen toda la libertad para emitir sus opiniones antes de votar la acusación. Sin embargo, los tres parlamentarios de oposición que salieron sorteados no sólo han cuestionado al ministro de Justicia, sino que también participaron en la elaboración de la AC y han formulado duras acusaciones en su contra, absolutamente infundadas. Incluso, el diputado Soto ejerció durante todas estas semanas como vocero de la acusación, lo que pone en entredicho su imparcialidad para evaluar los antecedentes. Por eso, no tiene ningún sentido dilatar la tramitación de esta acusación y lo que corresponde es reducir al mínimo los plazos», exigieron los legisladores UDI.

Por último, Weisse y Bobadilla recordaron que los tres parlamentarios desconocieron al ministro como un «interlocutor válido», por lo que advirtieron que Rabat «no tiene ninguna garantía de ser escuchado con imparcialidad si es que quienes deben evaluar su defensa ya lo descalificaron de manera pública».

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