En el marco de la votación clave de la Ley de Reajuste del Sector Público en el Congreso, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, endureció sus críticas contra la polémica normativa que busca elevar las exigencias para la remoción de funcionarios a contrata, calificándola como un intento de blindaje político por parte de la administración actual.
Ramírez denunció que esta indicación, conocida transversalmente como la «ley de amarre», representa una vulneración a la probidad administrativa y un obstáculo para la eficiencia del Estado ante un eventual cambio de gobierno. «Lo dijimos desde un comienzo, la ley de amarre es la corrupción institucionalizada, es intentar que personas que quizás no tengan el mérito o que quieran ocupar cargos de confianza sin tener la confianza, queden amarrados en los cargos», aseguró Ramírez.
Para el parlamentario, el artículo en cuestión no busca proteger la estabilidad laboral de los funcionarios de carrera, sino asegurar la permanencia de operadores políticos en puestos estratégicos antes de que finalice el periodo gubernamental.
Ante la inminencia de la votación en sala, Ramírez hizo un llamado que trascendió su propio sector político, apelando a la integridad de sus pares oficialistas: «Llegó la hora de votar ese proyecto de ley, y esperamos que no solamente la oposición la rechace, sino que por decencia también parlamentarios de izquierda rechacen esa disposición», sentenció.
Cabe destacar que la UDI y otros parlamentarios de oposición están considerando recurrir al Tribunal Constitucional debido a los cuestionamientos técnicos y de fondo que ha generado la norma durante su tramitación legislativa en este inicio de 2026.
