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Bancada UDI presenta «Agenda Mártires de Chile» y pide al Gobierno ingresar indicación con 16 medidas en apoyo de familiares de carabineros fallecidos

Flor Weisse, Eduardo Cretton, Jaime Coloma y Daniel Lilayu solicitaron incluir diversos beneficios económicos y sociales para las familias de los funcionarios que pierdan la vida en actos de servicio.

En medio de las indicaciones que el Gobierno anunció al proyecto de ley que busca modernizar la carrera funcionaria de Carabineros, cuyo objetivo es reducir los actuales niveles de deserción y mejorar las condiciones económicas de sus integrantes, la jefa de la Bancada de la UDI, Flor Weisse, junto con los miembros de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja, Eduardo Cretton y Jaime Coloma, además del diputado Daniel Lilayu, llamaron al Ejecutivo a evaluar la incorporación de una serie de medidas de apoyo para las familias de los efectivos que fallezcan en actos de servicio.

Al respecto, si bien los parlamentarios gremialistas destacaron los anuncios realizados este viernes por el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, advirtieron sobre la falta de propuestas dirigidas a los familiares de los mártires de Carabineros, en especial tras el reciente homicidio del cabo primero Marcos Cosme Barquero, quien falleció luego de recibir un impacto balístico en su rostro durante un procedimiento policial destinado a lograr la captura de Carlos Cancino Tapia, uno de los prófugos vinculados al homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín.

Por lo mismo, con la finalidad de mejorar el proyecto que busca fortalecer la carrera funcionaria, los diputados Weisse, Cretton, Coloma y Lilayu dieron a conocer la «Agenda Mártires de Chile» que elaboraron junto con la Bancada UDI, que contiene un total de 16 medidas -de carácter económico, social y laboral- para apoyar a familias de los carabineros que fallezcan en el ejercicio de sus funciones.

«Cada carabinero que sale a cumplir con su deber debe tener la certeza de que, si llega a perder la vida durante un procedimiento policial, el Estado responderá con la misma convicción protegiendo a su familia. Porque honrar a nuestros mártires no puede reducirse sólo a homenajes o ceremonias, sino que debe traducirse en un respaldo permanente y directo para sus hijos, sus cónyuges y sus seres queridos. Esa es una obligación moral del país y estamos convencidos de que es un compromiso que la gran mayoría de los chilenos comparte», manifestaron los parlamentarios de la UDI, quienes por lo mismo agregaron que «es indispensable que ningún funcionario policial viva con la incertidumbre de no saber qué ocurrirá con su familia si algún día su vida llega a estar en peligro, y para eso el Estado tiene la obligación de garantizar un respaldo permanente y efectivo para todos sus seres queridos».

En cuanto a las medidas que contempla la «Agenda Mártires de Chile», una de las propuestas consiste en otorgar a las familias de los funcionarios fallecidos una pensión calculada en función del grado que el carabinero habría alcanzado al término de su carrera, y no sólo del que ostentaba al momento de su fallecimiento, con el fin de incrementar de manera significativa el monto del beneficio. Asimismo, los parlamentarios gremialistas propusieron establecer un seguro de vida de 10.000 UF para su familia directa; garantizar -a través del Estado- el acceso a una vivienda propia para quienes no hayan sido propietarios de una; financiar la educación de todos sus hijos, desde la etapa prebásica hasta la universitaria, y asegurarles un cupo en los establecimientos de excelencia, entre otras iniciativas.

Junto a lo anterior, los diputados de la UDI, quienes en los próximos días entregarán dicha propuesta al ministro Arrau, también plantearon establecer un acompañamiento psicosocial permanente para los familiares, asignar un abogado financiado por el Estado para representarlas en los procedimientos judiciales y crear un programa de apoyo para facilitar la inserción laboral de los cónyuges e hijos.

«El apoyo a los familiares no puede depender de decisiones circunstanciales ni del gobierno de turno, sino que debe convertirse en una política de Estado que garantice una protección permanente y entregue tranquilidad a quienes perdieron su vida cumpliendo su deber», concluyeron los diputados.

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