Abogados ya suman 8 reclamos de amparo ante el Consejo Para la Transparencia frente a lo que consideran una crisis de probidad y transparencia
Lo último que se supo del conflicto entre los trabajadores de la salud municipal de Viña del Mar y la Corporación (CMVM) fue que la Corte de Apelaciones de Valparaíso falló de manera unánime (3-0) a favor de los funcionarios, calificando la rebaja de remuneraciones que habían implementado gracias a la aprobación del Concejo Municipal, como “contraria a la justicia y la razón”.
Así, los más de 450 trabajadores que habían interpuesto el recurso de protección respiraron aliviados. Pero eso será hasta que el caso sea revisado por la Corte Suprema, instancia a la que recurrió el municipio, que se niega a ser derrotado. Aquello puede ocurrir en las próximas semanas, pero no hay una fecha establecida aún.
Sin embargo, alrededor de este caso se ha desarrollado una situación paralela que hasta el día de hoy inquieta a los funcionarios: una grave falta transparencia con que se ha manejado la Municipalidad y CMVM al momento de ser requeridos una serie de documentos que los abogados defensores de los trabajadores consideran relevantes para dilucidar el historial de la escala de sueldos que siempre existió, pero que fue negada.
Debido a esta negación sistemática, los profesionales ya han presentado 8 reclamos de amparo al Consejo Para la Transparencia, oficios que se mantienen en trámite. Los abogados sostienen que éstos buscan desarticular una “estrategia coordinada de opacidad», por parte del municipio.
Es decir, la administración municipal niega judicialmente la existencia de reglamentos de sueldos de los años 90, mientras simultáneamente bloquea el acceso a las actas y decretos que probarían su existencia.
El detalle indica que lo primero que se pidió fueron las Actas de Directorio (1995-1996 y 2022-2025), pero la información llegó incompleta, ya que se omitieron actas clave de julio de 2025 (cuando se hizo la rebaja) y las de los años 95 y 96.
Luego se pidieron los Acuerdos salariales entre 1995-2012, pero la CMVM dijo que los destruyó (Res. 255/25), luego dijo que se equivocó, pero sigue sin entregarlos.
Se solicitó además detalles sobre reglamentos y decretos, pero la petición fue negada, por lo que se hizo el reclamo por falta de entrega de información vital para la teoría del caso.
Al descubrir que sí existía una escala de sueldos vigente desde 1996, los asesores jurídicos solicitaron el Acta 220 y el Acuerdo 1745 (de enero de 1996), certificados por el ministro de fe, pero el municipio no respondió ni entregó el acuerdo que fijó los sueldos base.
Además, se pidieron el Acta 208 de noviembre 1995, y el Reglamento original de la carrera funcionaria, pero hubo un absoluto silencio administrativo.
Se requirieron también diversos certificados del Secretario Municipal (2025) y los abogados no recibieron respuesta.
Respecto de los Decretos Alcaldicios (1995-1996) el municipio negó decretos en juicio, y luego calló ante la solicitud de transparencia.
A la CMVM se le solicitaron las Resoluciones de Gerencia y Acuerdos (1995-1996) y se negaron, invocando «distracción indebida» (por exceso de trabajo) para no buscar los documentos.
Y así, diversos antecedentes que se han solicitado no han sido entregados.
ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS
Tomás Palacios y Rodrigo Garay, abogados de los trabajadores, creen que con la Resolución N° 255/25 de la CMVM (09 de mayo de 2025), que ordenó la destrucción masiva de documentación histórica entre 1995 y 2020 se intentó «eliminar la evidencia» de los compromisos salariales.
Es por esto que los profesionales han presentado diversos antecedentes ante el Consejo Para la Transparencia, adjuntando un «Certificado de Estado de Bodega» y fotografías (marzo 2025) que muestran un desorden total: documentos apilados en el suelo y sin criterio de archivo. Los reclamos sostienen que la institución no puede usar su propia negligencia en el cuidado de archivos para negar el derecho de acceso.
Frente a esto, los juristas han pedido al Consejo Para la Transparencia (CPLT) lo siguiente:
● Fiscalización Presencial Inmediata: Que el CPLT intervenga las dependencias municipales para evitar que continúe la destrucción o el ocultamiento de documentos.
● Sanciones de Multa: Aplicación de multas máximas (50% de la remuneración) a los jefes de servicio.
● Suspensión del Empleo: Medida extrema por la gravedad del ocultamiento con impacto en un proceso judicial vigente.
● Acumulación de Amparos: Para que el Consejo analice el caso como un plan sistemático y no como hechos aislados.
Finalmente, los abogados postulan que los graves antecedentes entregados al Concejo para la Transparencia dan cuenta que el caso dejó de ser una situación meramente laboral por diferencias respecto a una rebaja salarial, adquiriendo otro color.
“El caso ya no sólo afecta derechos fundamentales de los trabajadores de la salud l; se ha convertido en una crisis de probidad y transparencia que pone en duda la custodia del patrimonio documental de Viña del Mar”, apuntan.
