El parlamentario además ofició al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar acciones judiciales ante posibles perjuicios patrimoniales en la minera estatal.
El diputado Roberto Arroyo ingresó un requerimiento formal ante la Contraloría General de la República para solicitar una auditoría profunda y medidas de fiscalización urgentes a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco), tras advertir eventuales irregularidades en la contabilización de la producción y fallas en el control interno de la principal empresa estatal del país.
De forma paralela, el parlamentario requirió información oficial al Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el fin de evaluar posibles acciones judiciales ante eventuales perjuicios patrimoniales que afecten a la estatal. La acción fiscalizadora pone especial foco en las divisiones Chuquicamata y Ministro Hales.
«Codelco es de todos los chilenos y no podemos mirar hacia el lado cuando las cifras de producción no cuadran y los costos se disparan. He solicitado formalmente a la Contraloría que audite de manera minuciosa los procesos de validación y reporte de producción del año 2025, especialmente en Chuquicamata y Ministro Hales», afirmó el legislador Roberto Arroyo.
Arroyo enfatizó la necesidad de esclarecer las responsabilidades administrativas y operacionales dentro de la cúpula de la corporación. «Necesitamos saber con urgencia si se han vulnerado los principios de probidad administrativa, transparencia y correcta gestión financiera. Si las auditorías de la Contraloría arrojan indicios de delitos o perjuicios graves al patrimonio del Estado, los antecedentes deben ser remitidos de inmediato al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para proteger los recursos públicos», sentenció el diputado.
A través de estos oficios, el congresista solicitó a la Contraloría General de la República el desglose del plan de auditorías especiales y procedimientos de control específicos que se instruirán para revisar los balances productivos de la minera estatal.
