Los delitos violentos se han tomado la agenda pública en las últimas semanas, generando múltiples emplazamientos a las autoridades por la aparente falta de acción. Robos violentos, homicidios, crimen organizado y delincuencia juvenil aparecen diariamente en los medios de comunicación, mientras crece la sensación de inseguridad y la ciudadanía exige respuestas concretas. Frente a ello, tal vez ha llegado el momento de abordar el problema desde su raíz, con una mirada transversal y objetiva, alejada de banderas políticas y centrada en el bien común. La seguridad pública debe entenderse como un eje estructural para el desarrollo del país, pues sin seguridad la inversión se vuelve incierta y la convivencia social se deteriora.
En ese contexto, hemos sido testigos de cómo las políticas públicas suelen enfocarse en combatir los efectos del crimen, dejando de lado sus causas, especialmente ahora que la delincuencia juvenil ha adquirido un preocupante protagonismo en los delitos violentos.
Entonces, ¿Cuál es la mejor estrategia para abordar este fenómeno? Sin duda existen múltiples causas, desde las asociadas a la primera infancia hasta aquellas que se suman durante la vida de un individuo. La evidencia criminológica ha sido clara en advertirlo. Por ejemplo, Vázquez (2003) clasifica los factores de riesgo que inciden en la carrera delictiva de un individuo y que se encuentran asociados al ámbito individual, familiar, de relación con iguales, escolar, social y económico. Es decir, el delito no surge de manera espontánea ni aislada; suele construirse progresivamente a partir de entornos vulnerables, ausencia de límites, fracaso escolar, normalización de la violencia y escasa presencia del Estado.
Sin embargo, es importante comprender que, para influir efectivamente en la conducta de riesgo de un individuo y evitar su ingreso al mundo delictual, se debe eliminar la percepción del bajo costo que implica el delito y que genera como consecuencia una sensación de impunidad. En este sentido, podemos plantear que, si aquellos delitos menores (faltas), trajeran aparejada una sanción efectiva y que no signifique precisamente una restricción de la libertad, más bien, multas elevadas y que el Estado las haga cumplir eficazmente, tal circunstancia impactaría directamente en la economía del infractor, podría incidir en su conducta inicial e inhibir la reincidencia, evitando que delitos menores puedan mutar a hechos más violentos.
Para avanzar en esta dirección se requiere voluntad política tanto del poder Legislativo como del Ejecutivo, para introducir reformas eficaces al ordenamiento jurídico y alinear los esfuerzos en un objetivo común, garantizar la seguridad de una ciudadanía que hoy demanda paz social y mejor calidad de vida.
