La eliminación del pago de contribuciones para personas mayores de 65 años, respecto de su vivienda principal, es una de las medidas tributarias incluidas en la mega reforma impulsada por el actual Gobierno. La propuesta establece una exención total del impuesto territorial para personas naturales de 65 años o más, aplicable solo a un inmueble en todo el país, siempre que corresponda a la residencia habitual del contribuyente y coincida con su domicilio electoral. Además, el proyecto contempla declaración jurada ante el Servicio de Impuestos Internos y sanciones en caso de uso indebido del beneficio, como simulación de residencia o declaraciones falsas.
Desde una mirada ciudadana, la medida responde a una realidad muy concreta: muchas personas mayores viven en una propiedad adquirida durante su vida laboral, pero enfrentan la vejez con ingresos más bajos, principalmente pensiones. En esos casos, el avalúo fiscal de la vivienda puede aumentar por factores urbanos o de mercado, sin que ello signifique una mayor capacidad real de pago. Por eso, eliminar las contribuciones de la vivienda principal, puede transformarse en un alivio directo para quienes poseen patrimonio, pero no necesariamente liquidez.
Actualmente ya existe un beneficio para adultos mayores, pero es más acotado. La normativa vigente considera rebajas o exenciones según edad, ingresos y avalúo fiscal. Por ejemplo, el beneficio puede limitar el pago anual de contribuciones al 5% de los ingresos del adulto mayor, en propiedades no agrícolas destinadas a habitación, siempre que se cumplan ciertos requisitos. La nueva propuesta, en cambio, avanza hacia una exención total para la vivienda principal de las personas mayores de 65 años, lo que amplía el alcance de la política pública.
El punto más sensible está en la recaudación. Las contribuciones no son un impuesto menor: forman parte del financiamiento municipal y tienen incidencia directa en el Fondo Común Municipal (FCM), mecanismo que redistribuye recursos entre comunas. Según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos, el proyecto contempla aportes adicionales a este fondo para compensar la exención. La estimación oficial señala que los menores recursos producto de esta medida llegarían a $56.894 millones en el primer año, $153.910 millones al quinto año, $197.601 millones al año 15 y $243.093 millones al año 25, todos expresados en millones de pesos de 2026.
En simple: si se elimina el pago de contribuciones para mayores de 65 años en su vivienda principal, el sistema municipal podría dejar de recibir cerca de $56.894 millones al inicio, con un impacto creciente en el tiempo que podría acercarse a $200 mil millones anuales hacia el año 15.
El desafío técnico es equilibrar tres objetivos: proteger a las personas mayores, evitar abusos en la aplicación del beneficio y resguardar la sostenibilidad financiera municipal. En esa línea, la exigencia de residencia habitual, el cruce de información del SII y la identificación de una sola vivienda principal, son elementos relevantes para focalizar correctamente la medida.
La eliminación de contribuciones para mayores de 65 años puede ser una política socialmente valorada y coherente con la protección económica de la vejez. Sin embargo, su implementación exige responsabilidad fiscal. Aliviar la carga tributaria de los adultos mayores es necesario, pero debe hacerse asegurando que la menor recaudación no termine debilitando a los municipios.
