La Contraloría Regional de La Araucanía constató una serie de irregularidades en la concesión y operación del aparcadero municipal de Villarrica, administrado por una empresa particular entre 2023 y 2025, destinado a custodiar los vehículos retirados de circulación.
Entre los resultados de la auditoría, contenidos en el Informe Final N° 160 de 2026, se señala la activa participación del director de control de la municipalidad en gestiones relacionadas con el retiro de un vehículo bajo custodia municipal, que culminaron con la obtención de un poder para disponer del automóvil y su posterior transferencia a un familiar directo. La Contraloría advirtió que estos hechos podrían constituir una vulneración al principio de probidad.
La auditoría también detectó que dos trabajadores de la Municipalidad de Villarrica eran dueños de la empresa concesionaria del aparcadero, configurándose una causal de inhabilidad establecida en la legislación vigente. Por ello, se instruyó al municipio invalidar los actos administrativos relacionados con dichas contrataciones.
Además, la CGR identificó inconsistencias en el cobro y retiro de vehículos. En uno de los casos analizados, pese a que la concesionaria informó una condonación total de los costos de bodegaje, se habrían realizado cobros al propietario por fuera de los mecanismos formales de rendición, sin respaldo tributario ni registro de los ingresos correspondientes.
Ausencia de patente comercial y control deficiente
La investigación también reveló que la concesión fue adjudicada a una empresa que no contaba con la patente municipal necesaria para desarrollar la actividad y que continuó operando sin ella durante todo el período revisado. Además, el aparcadero funcionó en un predio distinto al autorizado en el contrato, sin que existiera una modificación formal aprobada por la autoridad.
A ello se suman deficiencias en los controles operativos, falta de trazabilidad en los registros de ingreso y salida de vehículos, incumplimientos contractuales y remates de automóviles realizados sin cumplir requisitos legales esenciales, incluyendo el caso de un vehículo con encargo policial vigente.
Debido a lo observado, la Contraloría remitió los antecedentes al Ministerio Público y ordenó una serie de medidas correctivas, entre ellas la elaboración de un catastro de cierre del aparcadero, el cobro de montos adeudados por concepto de patente municipal y la dictación de una nueva ordenanza que regule la custodia de vehículos retirados de circulación.
El organismo fiscalizador otorgó un plazo de 60 días hábiles para que la Municipalidad de Villarrica informe el cumplimiento de las acciones instruidas y acrediten documentalmente las medidas adoptadas.
Adicionalmente, cabe recordar que mediante el oficio N° E142432, de 2025, la Contraloría General impartió instrucciones a las municipalidades del país en relación con los aparcaderos o corrales municipales, estableciendo, entre otros aspectos, la obligatoriedad de su funcionamiento, la adecuada aplicación de los procedimientos para la oportuna y pronta salida de vehículos y el deber de dar cumplimiento a la normativa vigente en su operación, contexto en el cual las situaciones observadas evidencian incumplimientos de dichas directrices.
