El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, junto a la diputada Flor Weisse y un grupo de parlamentarios de la UDI solicitaron concretar la anulación de cerca de 20 asignaciones.
El presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, junto con la jefa de la Bancada UDI, Flor Weisse, además de los diputados Jaime Coloma, Marlene Pérez, Alejandra Valdebenito y Omar Sabat, valoraron la decisión del Gobierno de iniciar una auditoría a las pensiones de gracia que se otorgaron en el contexto del «estallido social», en especial a las personas que mantienen antecedentes penales.
Al respecto, fue el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien aseguró este martes que «por instrucción del ministro del Interior, estamos llevando una revisión de todos los casos que sean respecto de personas que son beneficiarias de las pensiones de gracia», agregando que «nos parece que es una mínima responsabilidad con los recursos que se entregan a través de una gracia especial del Presidente», señalando que «cuando haya novedades las vamos a comunicar concretamente».
En esa línea, cabe recordar que fue la semana pasada que la Cámara de Diputados aprobó -por 86 votos a favor, 38 en contra y 7 abstenciones- un proyecto de resolución que presentó la Bancada UDI, en el que justamente le solicitaron al Presidente José Antonio Kast revocar dichas pensiones.
Por lo mismo, tras la decisión del Ejecutivo, los diputados adelantaron que su primera acción será solicitar la anulación de todas las pensiones correspondientes a beneficiarios con antecedentes penales, cuya revocación fue recomendada al gobierno anterior, pero que finalmente no se concretó.
«Tal como lo habíamos solicitado, la auditoría que iniciará el Gobierno responde a un criterio básico de justicia y de responsabilidad en el uso de los recursos públicos. Estamos hablando de más de $7 mil millones gastados hasta enero de este año, de los cuales una parte importante terminó en manos de supuestos beneficiarios que ni siquiera presentaron todos los antecedentes al momento de postular o, peor aún, de personas que tenían antecedentes penales, algunas de las cuales incluso reincidieron después de cumplir su condena», cuestionaron los parlamentarios de la UDI, quienes agregaron que «lo más grave es que, pese a todos estos antecedentes, que fueron expuestos por la Contraloría, el gobierno anterior no concretó la revocación de cerca de una veintena de pensiones de gracia, aún cuando existía una recomendación expresa de la comisión asesora en esa dirección».
Justamente, los diputados Alessandri, Weisse, Coloma, Pérez, Valdebenito y Sabat llamaron al Gobierno a que la auditoría no se limite exclusivamente a los beneficiarios con antecedentes, sino que se incluya a las personas que eventualmente no reunían las condiciones para recibir la pensión.
De esta forma, manifestaron que «desde el período pasado que como bancada venimos advirtiendo sobre la discrecionalidad con que se ha realizado este proceso, por lo que valoramos que el Ejecutivo decidiera iniciar una auditoría para así revocar el beneficio a todas las personas que no lo merecen».
«Quienes obtuvieron estas pensiones sin cumplir los requisitos, ocultando antecedentes o teniendo un historial delictual, deben perderlas de inmediato, porque no sólo vulneraron las reglas, sino que le quitaron recursos que le pertenecen a todos los chilenos», reiteraron los legisladores de la UDI.
