Natalia Romero y Mario Olavarría criticaron los dichos de Luis Thayer sobre el informe de la Contraloría, que detectó graves irregularidades en la entrega de permisos de reunificación.
En medio de la investigación de oficio que el Ministerio Público decidió abrir a raíz de la masiva llegada al país de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana, quienes arribaron en distintos vuelos chárter y sin cumplir con la totalidad de los requisitos legales, la diputada de la Bancada UDI, Natalia Romero, junto con el integrante de la comisión de Gobierno Interior, Mario Olavarría, solicitaron a la Fiscalía que cite a declarar como «sujeto de interés» de la causa al ex director del Servicio de Migraciones, Luis Thayer, por su eventual inacción administrativa frente a estos hechos.
Al respecto, cabe recordar que este lunes se dio a conocer un preinforme de la Contraloría General de la República, que reveló que de una muestra de 366 personas de nacionalidad haitiana que ingresaron a Chile, 333 correspondían a menores de edad, de los cuales no se tiene -en la mayoría de los casos- información de su paradero actual ni el Estado cuenta con la identidad de sus familiares.
En esa línea, el ex director de Migraciones ha dado una serie de entrevistas durante esta semana para explicar las acciones que adoptó al respecto. Sin embargo, los parlamentarios gremialistas criticaron -entre otras medidas- que en el gobierno anterior supuestamente se hayan flexibilizado los criterios de ingresos a raíz de la situación política que vive Haití, lo que habría incentivado que se autorizaran más de 16 mil p
Por esta razón, los diputados Romero y Olavarría aseguraron que «los dichos del ex director de Migraciones -o más bien las excusas que ha entregado- no logran despejar las múltiples dudas que existen sobre el ingreso masivo de niños de nacionalidad haitiana a través de vuelos comerciales, por lo que es indispensable que la Fiscalía no sólo cite a declarar a Luis Thayer, sino que además lo considere un ‘sujeto de interés’ en esta investigación», agregando que «las decisiones que se adoptaron -o que derechamente se omitieron- pudieron tener consecuencias directas en este caso».
«Durante los últimos años se instaló una política migratoria excesivamente permisiva, que en la práctica terminó debilitando todos los mecanismos de control con los que cuenta el Estado. Las autoridades del gobierno anterior, mucho antes de que asumieran, relativizaron el cumplimiento de las normas y los requisitos básicos de ingreso a nuestro país, oponiéndose a todas las iniciativas que se presentaron, lo que evidentemente terminó abriendo la puerta a situaciones como esta. Por eso es que las explicaciones del ex director son absolutamente insuficientes, porque además vienen de alguien que mucho antes promovía un perdonazo a los extranjeros irregulares», reiteraron los UDI.
“Lo que corresponde es que la Fiscalía determine con claridad si existieron responsabilidades administrativas u omisiones que pudieron facilitar o incluso incentivar esta situación. No basta con que el exdirector de Migraciones señale que presentó una denuncia y luego no haya impulsado ninguna acción adicional. Y frente a hechos de esta gravedad, su deber era escalar oportunamente la información a otras instancias del Estado y adoptar todas las medidas que fueran necesarias para resguardar a los menores involucrados», reiteraron los diputados Natalia Romero y Mario Olavarría.
