Mientras el sistema público insiste en mantener hospitalizadas a personas que ya recibieron el alta médica, la ex Ministra y actual Jefa de Salud Pública en la Universidad Autónoma Dra. Karla Rubilar, advierte que el verdadero diagnóstico no es clínico, sino político: el Estado prefiere pagar de más por la inacción antes que construir una salida digna para quienes ya no necesitan un hospital, sino un hogar.
Hay un número que el Ministerio de Salud acaba de confirmar y que debería incomodar a cualquiera que pague impuestos en este país: 1.056 personas permanecen hoy hospitalizadas pese a tener el alta médica, simplemente porque no tienen dónde ir. La cifra venía de 996 en marzo del presente año y no para de subir.
Según los datos oficiales, estos pacientes ocupan espacio en 137 establecimientos de salud, cuando la red apenas dispone de 206 camas formalmente destinadas a ellos. El 76% termina en camas de agudos, pensadas para emergencias y cirugías, no para alojar indefinidamente a alguien que ya fue dado de alta.
El costo directo de mantener este sistema funcionando a medias es de $94.500 millones al año, calculado de forma conservadora. Pero la cifra que de verdad debería doler es otra: $166.000 millones en costo de oportunidad, es decir, todo el financiamiento FONASA que la red pública deja de capturar por mantener esas camas ocupadas en vez de liberarlas para nuevos egresos.
La comparación, en términos presupuestarios, es brutal: mantener a una persona en una cama hospitalaria cuesta $94,9 millones al año. Hacerlo en un ELEAM o residencia especializada cuesta $8,4 millones. En simple, hablamos de 11 veces menos.
Para la académica y especialista en Salud Pública, Dra. Karla Rubilar Barahona – quien además es ex Ministra y actual jefa de Salud Pública en la Universidad Autónoma – el diagnóstico de fondo no admite ambigüedades dado que “no estamos ante un problema de capacidad sanitaria, sino ante la ausencia de una oferta social que el Estado no ha querido, o no ha sabido, construir”.
Y hay un dato que termina de pintar el cuadro: el 30,7% de estos pacientes está judicializado. Ni siquiera el aparato que debería proteger sus derechos logra resolver con rapidez algo tan simple como devolverle la dignidad a alguien que ya no necesita un hospital.
Finalmente, la Dra. Karla Rubilar Brahona es directa, concreta, estadista y no deja mucho margen para la complacencia institucional: seguir financiando camas en lugar de trayectorias de egreso «es, lisa y llanamente, subsidiar la ineficiencia con recursos que la salud pública no puede permitirse perder».
