Durante años, la conversación sobre protección de datos en Chile pareció lejana para buena parte de la industria inmobiliaria. Mientras otros sectores avanzaban en regulaciones, auditorías y protocolos, este mercado siguió funcionando con dinámicas que se volvieron habituales: bases de datos compartidas entre distintos actores, información almacenada durante años y procesos comerciales apoyados en correos, planillas y cadenas de mensajería. La entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley 21.719) obligará a revisar muchas de estas prácticas.
El cambio es relevante porque el negocio inmobiliario depende de la información. Cada persona que cotiza una propiedad entrega antecedentes personales, financieros y patrimoniales. Cada evaluación de crédito, reserva o simulación implica recopilar y procesar datos que forman parte de la vida privada de los clientes. Hasta ahora, gran parte del foco ha estado puesto en cómo utilizar esa información para acelerar procesos y mejorar conversiones comerciales. La nueva normativa incorpora una pregunta distinta: ¿tiene la empresa autorización para hacerlo?
La diferencia parece menor, pero cambia por completo la lógica con la que muchas organizaciones han operado durante años. Ya no bastará con tener acceso a los datos. Será necesario justificar su uso, informar con claridad a los clientes o potenciales clientes para qué se recopilan y respetar la decisión de quienes quieran modificarlos o eliminarlos. Para el ecosistema inmobiliario esto supone un desafío concreto: las empresas ya no podrán almacenar información indefinidamente, compartir datos con terceros sin autorización o utilizar antecedentes personales para fines distintos a los informados originalmente.
La experiencia internacional muestra que este proceso no termina siendo un obstáculo para la innovación. Al contrario, cuando existen reglas claras sobre el tratamiento de datos, las empresas se ven obligadas a ordenar procesos, mejorar sistemas y generar relaciones de mayor confianza con sus clientes. Por eso, el principal reto no será tecnológico. Las herramientas para administrar consentimientos, controlar accesos o registrar trazabilidad las estamos creando ya los expertos en procesamiento de datos, es decir, las empresas Proptech. Lo complejo será el cambio cultural y abandonar la idea de que toda información disponible puede utilizarse libremente.
La nueva Ley de Protección de Datos Personales establece un principio que marcará la forma en que operarán las empresas durante los próximos años: los datos personales tienen dueño, y ese dueño es la persona que los entrega. Mientras antes el sector inmobiliario incorpore esa realidad, más sencilla será la transición hacia un mercado que inevitablemente tendrá estándares más exigentes en materia de privacidad y protección de datos.
