En Chile hemos desarrollado una mala costumbre: esperamos que el desastre se acerque para recordar el territorio que habitamos. Solo entonces aparecen las alertas, las suspensiones de clases y los llamados a alejarse de los cauces.
La coordinación institucional salva vidas. Pero actuar cuando la lluvia ya viene en camino, el fuego avanza o el mar amenaza con salir de sus límites no constituye toda la prevención: es administrar la amenaza inminente. La verdadera prevención comienza antes, cuando una niña reconoce que una quebrada seca puede transformarse en un torrente; una familia conoce sus rutas de evacuación; una autoridad impide construir donde el agua, el fuego o el mar pueden volver a reclamar su espacio.
Chile no es solamente un país sísmico. SENAPRED identifica un territorio expuesto a terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, marejadas, inundaciones, aluviones, incendios forestales, olas de calor y sequías. La gestión del riesgo de desastres (GRD) no puede quedar reducida a especialistas o autoridades: alcanza a instituciones públicas, empresas, industrias, faenas, establecimientos educacionales, servicios y comunidades.
A esta geografía compleja debemos agregar el factor exponencial de la crisis climática. Kohei Saito sostiene que vivimos en el Antropoceno, una era en la que la actividad humana ha alterado el equilibrio entre sociedad y naturaleza. Esta crisis no es una simple externalidad del sistema económico, sino la consecuencia de una forma de producir, consumir y urbanizar basada en la fantasía del crecimiento ilimitado. Sus efectos intensifican olas de calor, incendios, precipitaciones extremas y sequías, agravando vulnerabilidades existentes.
Estos desastres golpean con especial fuerza a ciudades segregadas, campamentos, viviendas precarias e infraestructuras deficientes. Por ello, la coordinación ante las emergencias constituye apenas el nivel básico de una política preventiva. El Marco de Sendai establece como primera prioridad comprender el riesgo: antes de responder o reconstruir, una sociedad debe conocer las amenazas y vulnerabilidades de su territorio, además de las decisiones que agravan sus consecuencias.
La investigación científica demuestra que la educación sobre desastres, cuando incorpora actividades prácticas, participación comunitaria y aprendizaje situado, mejora la preparación y fortalece la respuesta. Estudios con estudiantes chilenos expuestos a terremotos y tsunamis muestran que una enseñanza conectada con el territorio entrega mejores herramientas para actuar. Educar en prevención no puede limitarse a un simulacro anual o a señaléticas descoloridas: debe convertirse en una política transversal desde la educación parvularia hasta la superior.
En los primeros años, los niños pueden aprender a reconocer alarmas y zonas seguras. En la escuela pueden estudiar los riesgos de su localidad, elaborar mapas comunitarios, conocer primeros auxilios, fono de emergencias, y comprender que una quebrada, un humedal o una duna no son terrenos vacíos esperando ser ocupados por proyectos inmobiliarios. En la educación superior, esta formación debe alcanzar a todas las disciplinas, para que las decisiones profesionales consideren sus efectos sobre el territorio y la seguridad de las comunidades.
La gestión del riesgo también debe formar parte de la preparación de quienes dirigen municipios, colegios, puertos, industrias y faenas mineras, especialmente porque sus decisiones pueden aumentar o reducir la exposición de comunidades completas. En La Serena, los sectores de Puertas del Mar y Santa Margarita del Mar, emplazados junto al Río Elqui, aparecen en la plataforma de Puntos Críticos de SENAPRED con riesgo alto de inundación por desborde de cauce, situación frente a la cual se recomienda el reforzamiento de taludes como medida preventiva. Este caso demuestra que no basta con reaccionar cuando llegan las precipitaciones: es necesario incorporar el riesgo en la planificación urbana, la construcción y el mantenimiento de las obras de protección. Lo mismo ocurre cuando se edifican viviendas junto a cauces o se intervienen humedales y campos dunares, ignorando que estos ecosistemas actúan como zonas de absorción y barreras naturales frente a inundaciones, marejadas y erosión costera.
Sin embargo, sería injusto transformar la prevención en otro sermón dirigido a las familias vulnerables. No se puede responsabilizar de igual manera a quien vive junto a una quebrada porque no tuvo otra alternativa y a quien autorizó un proyecto inmobiliario en una zona de riesgo. La responsabilidad es de todos, pero no es idéntica: quienes tienen mayor poder para decidir sobre el territorio poseen también una obligación mayor.
Urge en Chile una política nacional de educación para la gestión del riesgo de desastres. El estudio “Oportunidades y desafíos para la educación del riesgo de desastre en Chile”, de Olivares Allendes et al. (2023), concluye que esta materia debe incorporarse integralmente al currículum formal, con pertinencia territorial, preparación docente, participación activa de niños y niñas y recursos públicos que permitan implementar y evaluar sus programas. Porque algo volverá a ocurrir: temblará la tierra, crecerá un río, avanzará el fuego o llegará otra ola de calor. No podemos seguir educando como si nada fuera a pasar. Aprender a leer el territorio, anticipar sus amenazas y cuidar la vida de los demás también debe formar parte de aquello que entendemos por educación.
