El parlamentario solicitó conocer las acciones adoptadas para garantizar la atención de salud de las personas autistas y los resultados de las inspecciones realizadas a los prestadores desde la entrada en vigencia de la normativa. También puso el foco en las barreras de acceso asociadas a los topes en los montos máximos anuales de bonificación en planes complementarios.
La Ley TEA establece obligaciones destinadas a garantizar una atención de salud pertinente a las necesidades de las personas autistas, incluyendo el seguimiento continuo y el respeto de sus derechos durante las distintas etapas de su vida. En este marco, la normativa dispone que la Superintendencia de Salud debe fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones relativas a la atención en salud de las personas con TEA.
En esa línea, el diputado requirió el detalle exacto sobre cuántas fiscalizaciones se han ejecutado desde la dictación de la ley, sus resultados y el estado de seguimiento de los hallazgos en la red de prestadores. Esto incluye la revisión sobre la difusión de los derechos de los pacientes, la capacitación de los profesionales de la salud y la coordinación con los establecimientos educacionales para una derivación oportuna.
Asimismo, el parlamentario solicitó respuestas sobre las instrucciones relativas a la eliminación de los topes anuales de bonificación en los planes complementarios, advirtiendo que estas restricciones económicas vulneran la normativa y bloquean el acceso a los tratamientos.
“Aquí lo importante es saber qué pasa en la práctica con los pacientes y sus familias, porque una cosa es lo que dice el papel y otra muy distinta la realidad cuando se enfrentan a cobros y barreras de acceso. Por eso esperamos que la Superintendencia entregue cuentas claras de sus fiscalizaciones y de qué medidas ha tomado para que los derechos de las personas autistas se respeten de verdad”, señaló el diputado Andrés Celis.
