La violencia escolar ocupa hoy un lugar central en las preocupaciones de la ciudadanía. Dentro de ésta caben las agresiones a docentes, amenazas de tiroteos, armas al interior de establecimientos y conflictos que circulan ampliamente por redes sociales. Sin embargo, más allá de la gravedad del fenómeno, hay una pregunta menos explorada: ¿qué creen las personas que explica esta violencia y cuáles consideran que son las mejores respuestas para enfrentarla?
Esa pregunta resulta especialmente relevante porque las percepciones ciudadanas no solo reflejan diagnósticos sociales; también condicionan el respaldo político que reciben distintas políticas públicas. En otras palabras, comprender cómo las personas interpretan el problema permite entender qué soluciones estarán dispuestas a apoyar. Al respecto, vale la pena revisar los datos recién publicados del último estudio del Observatorio Social de la Universidad del Alba, que nos ofrece una imagen relevante sobre estas percepciones.
Quizás el hallazgo más llamativo es que la ciudadanía no atribuye la violencia escolar principalmente a lo que ocurre dentro de los colegios. Al consultar por los factores que más influyen en la violencia juvenil, la respuesta más frecuente apunta al entorno familiar y la crianza (42,5%), seguida por el consumo de alcohol y drogas (29%) y la influencia de los grupos de pares (21,4%). Después aparecen factores como la falta de valores, las redes sociales o el entorno territorial.
Estos resultados revelan una forma de entender el problema que trasciende al establecimiento educacional. Para la mayoría de las personas, la violencia que llega a las escuelas tendría su origen en procesos de socialización previos, vinculados a la familia y al contexto social. No es casual, entonces, que un 68% considere que la violencia no es un fenómeno propio de la juventud actual, sino un problema extendido a toda la sociedad.
Esta mirada también explica otro resultado relevante. Cuando se pregunta quién tiene la principal responsabilidad para prevenir la violencia escolar, el 58% menciona a los padres y apoderados, muy por encima del Ministerio de Educación y de cualquier otro actor institucional. La expectativa ciudadana, por tanto, no recae exclusivamente sobre la escuela ni sobre el Estado, sino sobre el entorno familiar.
Esto se complementa con las medidas que las personas consideran como más efectivas para enfrentar este problema. A primera vista, podría parecer que existe una preferencia marcadamente punitiva: la medida más respaldada es la expulsión inmediata de estudiantes violentos (45,5%). Sin embargo, quedarse solamente con ese dato sería una lectura incompleta. La segunda medida con mayor apoyo es la orientación psicológica dentro de los colegios (37,5%), seguida por fortalecer la autoridad de profesores y directivos y aumentar la capacitación docente para enfrentar situaciones de violencia, ambas con 34,5%. Además, casi un tercio menciona la participación de los apoderados en programas preventivos.
Lejos de observar una ciudadanía dividida entre “mano dura” y “prevención”, los datos muestran algo más complejo. Las personas parecen estar dispuestas a combinar ambos enfoques sin considerarlos incompatibles.
En este sentido, el estudio del Observatorio Social ofrece una lección importante para quienes diseñan políticas públicas. La evidencia internacional señala que las carreras de violencia se originan en los entornos familiares, donde la prevención temprana mediante programas parentales dirigidos a mejoras en las prácticas de crianza, a la disminución del consumo de alcohol, a la prevención de depresión parental, como también un fortalecimiento económico y comunicacional de las familias, ha mostrado una reducción significativa de la reproducción de la violencia. Si a ello le sumamos una disposición de parte de las familias a participar en dichas intervenciones, es posible que encontremos una política social legítima y efectiva frente a un problema agudo.
En tiempos de alta polarización, no deja de ser llamativo que la evidencia muestre algo menos polarizado que el propio debate público. Frente a la violencia escolar, la ciudadanía parece pedir menos consignas y más capacidad para combinar prevención, responsabilidad familiar y autoridad institucional. Esa combinación, más que cualquiera de sus componentes por separado, podría ser la principal señal que entrega este estudio.
