La iniciativa, denominada “Ley Corso”, busca prohibir en todo el territorio nacional el uso de dispositivos que administren descargas eléctricas a mascotas o animales de compañía. El proyecto también impide su fabricación, importación, distribución, comercialización y publicidad, y establece multas para quienes infrinjan la normativa.
El diputado Jaime Bassa (FA) presentó este maiércoles el proyecto de “Ley Corso”, iniciativa que busca avanzar en los estándares de protección y bienestar animal mediante la prohibición de los denominados collares eléctricos, utilizados principalmente como mecanismo de control o adiestramiento de perros y otras mascotas.
La propuesta incorpora un nuevo artículo 11 bis a la Ley N°21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía, estableciendo expresamente que no podrán utilizarse collares u otros dispositivos que administren descargas eléctricas, cualquiera sea su forma de activación. La iniciativa contempla multas de 5 a 20 UTM por su utilización y de 20 a 40 UTM por su fabricación, importación, distribución, comercialización o publicidad, sanción que también se aplicará cuando sean utilizados en actividades profesionales de adiestramiento.
Al respecto, el diputado Jaime Bassa sostuvo que “hemos presentado un proyecto de ley para prohibir y sancionar el uso de collares eléctricos para el adiestramiento de mascotas, tanto el uso privado como especialmente su comercialización. Creemos firmemente que el maltrato no puede ser un elemento de adiestramiento que infrinja dolor a nuestras mascotas y que infrinja dolor a los animales. Es el momento de tomar conciencia respecto del respeto que todas las personas les debemos a los animales que nos acompañan en la vida, con quienes muchas veces compartimos nuestros hogares. Hemos conocido recientemente el caso de una influencer de la élite que, de forma muy irresponsable, maltrató a su mascota proveyéndole wasabi, luego torturándolo con un dispositivo electrónico, y creemos que precisamente ese tipo de actitudes es la que nos llaman a ponernos del lado correcto. Los animales no son cosas, no son muebles respecto a los cuales simplemente haya propiedad.”
El parlamentario agregó que: “estamos estableciendo principalmente sanciones de multas que son progresivas, primero multas para quienes los usen y multas que son mucho más elevadas para quienes comercialicen con estos productos”, cerró Bassa.
La presentación del proyecto ocurre además luego de que distintos episodios de maltrato animal adquirieran notoriedad pública, entre ellos el caso que involucró al perro de una influencer Josefa Sáez y que permitió visibilizar el uso de este tipo de collares. Los fundamentos de la iniciativa recogen este antecedente y advierten que estos dispositivos pueden generar consecuencias asociadas al dolor, miedo y estrés en los animales.
Por su parte la diputada Irací Hasseler (PC) fue enfática en señalar que: “aquí estamos hablando de una sociedad que ha avanzado y una legislación también en la protección animal y en preocuparse del bienestar de los animales. Y, por tanto, el uso de collares electrónicos que afecta gravemente a los animales es algo que no se puede permitir en nuestro país, y vamos a trabajar hasta que sea ley.”
En tanto el diputado José Antonio Rivas (PS), valoró la presentación de esta iniciativa legislativa: “no es necesario aplicar violencia ni maltratar a un animal para habituarlo. Es importante entender que existen otros mecanismos para poder, entonces, asociarlos a los afectos, y también encontrar en el animal la respuesta adecuada en esta cultura del acompañamiento entre el ser humano y los animales, sobre todo los animales de compañía. Por eso he decidido apoyar esta ley.”
Con esta propuesta, Chile avanzaría en una dirección que ya han adoptado países como Gales, Alemania, Francia y España, donde el uso de dispositivos eléctricos para el adiestramiento animal ha sido prohibido o sometido a fuertes restricciones. La iniciativa busca así traducir los principios generales de protección y tenencia responsable ya presentes en la legislación chilena en una prohibición expresa y fiscalizable, cuya supervisión corresponderá a la autoridad sanitaria y a las municipalidades.
