El diputado Juan Santana (PS) ofició a la Contraloría General de la República para que revisen los antecedentes relacionados con la modificación del registro de lobby de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, vinculado al proyecto inmobiliario Alto Santorini.
Lo anterior surge luego de que CIPER informara que el registro correspondiente a una audiencia realizada el pasado 8 de junio fue corregido, retirándose los nombres del delegado presidencial de Valparaíso, Manuel Millones, y de Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, además de modificarse la información relativa a la materia abordada en el encuentro.
Según la publicación, antes del cambio, el registro consignaba a Manuel Millones y Víctor Quiroz en una audiencia cuya materia hacía referencia a la presentación del proyecto Alto Santorini. Posteriormente, la Delegación sostuvo que ambos nombres habían sido incorporados por error y modificó el registro, indicando que el delegado había derivado la reunión a otro funcionario.
La nueva acción se suma a la presentación realizada previamente por Santana ante el Ministerio Público por la aprobación de Alto Santorini, proyecto que ha estado bajo cuestionamiento luego de conocerse antecedentes sobre su tramitación ambiental y los reparos técnicos formulados durante ese proceso.
“La semana pasada presentamos una denuncia ante el Fiscal Nacional por la aprobación de Alto Santorini. Y después de eso el registro de lobby de la Delegación Presidencial de Valparaíso apareció cambiado. Se retiró el nombre de Víctor Quiroz de la audiencia del 8 de junio y se eliminó la materia que estaba consignada, que era ese mismo proyecto».
«Quiero decirlo claro. Hay un registro público que documentaba una reunión y hoy ese registro ya no la documenta. Nadie ha explicado quién ordenó el cambio ni con qué respaldo. Y cuando se lo preguntaron, la respuesta fue mandar la foto de una pantalla.
Eso lo estamos acompañando hoy a la investigación de fiscalía. Y oficiamos a la Contraloría, porque acá lo que está en cuestión ya no es un proyecto inmobiliario. Es si los registros públicos de este gobierno son confiables», detalló Juan Santana.
