La intención del Gobierno -vía Proyecto de Ley – de posponer un año la entrada en vigencia de la Ley de Protección de Datos abre una pregunta clave ¿Estamos listos, como usuarios y como empresas, para enfrentar el desafío de cuidar la información personal en un entorno cada vez más digitalizado y con crecientes amenazas?
La respuesta, aunque incómoda, es que ninguna norma por sí sola garantiza seguridad. La verdadera responsabilidad recae en las organizaciones y en cada persona, respecto de cómo gestionan y protegen los datos que manejan. Una ley puede establecer estándares y sanciones, pero si no existe una cultura de protección, el riesgo seguirá presente.
En este contexto, es clave entender que la protección de datos no se limita a políticas o iniciativas, sino que se materializa en tecnologías concretas, como por ejemplo el cifrado o encriptación. Existen dos mecanismos: por software, que protege los datos mediante programas y aplicaciones, y el cifrado por hardware, que integra la seguridad directamente en los dispositivos físicos. Este último, presente en algunos USB y SSD, es considerado el más seguro, porque dificulta ataques incluso cuando el software ha sido comprometido.
No es casualidad que leyes internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la Unión Europea, lo mencionen explícitamente como referencia . De hecho, la nueva ley en Chile se inspira fuertemente en esa norma.
La postergación de la ley puede ser vista como una oportunidad para que empresas y usuarios comprendan que la protección de datos no es un trámite burocrático, sino un deber cotidiano, y que implementar tecnologías seguras es un paso urgente. Porque más allá de cualquier norma, la confianza en el mundo digital depende de cómo cada uno de nosotros decide cuidar lo más valioso: nuestros datos.
