La reciente carta del cardenal Fernando Chomali al mundo empresarial plantea una pregunta que vale la pena tomar en serio: ¿cuál es, finalmente, la responsabilidad de la empresa en la sociedad?
Su mensaje parte de una valoración explícita de la actividad empresarial. Las empresas crean empleo, movilizan inversión y son uno de los principales motores del desarrollo. Pero el cardenal advierte que el beneficio, aunque legítimo, no puede ser el único criterio: es posible tener balances positivos mientras algunas personas sienten vulnerada su dignidad. La empresa, en otras palabras, no se agota en sus resultados.
Chomali habla como líder espiritual. Su llamado se funda en la dignidad de la persona, no en un modelo económico, y su validez no depende de que la economía lo confirme. Aun así, vale la pena observar este problema desde otras herramientas, no para validar su planteamiento, sino para traducirlo a otro lenguaje.
Adam Smith ya intuía que la búsqueda del interés propio, en un mercado competitivo, podía contribuir al interés general. Casi dos siglos después, Kenneth Arrow y Gérard Debreu formalizaron esa intuición: bajo condiciones como competencia perfecta, ausencia de externalidades e información completa, el equilibrio de mercado es eficiente. En ese modelo ideal, una firma que maximiza beneficios contribuye al bienestar general sin que se le exija nada más. El problema es que la economía real está lejos de ese mundo. Y es precisamente en esa distancia donde el llamado del cardenal encuentra un eco, aunque no dependa de él.
Las decisiones de una empresa generan efectos que no aparecen en el balance. Un empleo estable no solo entrega un salario: reduce pobreza, fortalece una familia y mejora las oportunidades de los hijos. Automatizar aumenta productividad, pero impone costos a quienes no pueden reconvertirse de un día para otro. Esa brecha tiene un nombre en economía: externalidad. Arthur Pigou la describió hace más de un siglo y propuso corregirla mediante impuestos y subsidios que alinearan el costo privado con el social.
Algo similar ocurre en el mercado laboral. Cuando cambiar de empleo es costoso o ciertos grupos —jóvenes, migrantes, personas con discapacidad o quienes buscan reinsertarse tras una condena— enfrentan barreras de entrada, los empleadores pueden adquirir mayor poder sobre salarios y condiciones laborales. Alan Manning ha documentado durante las últimas décadas cómo este fenómeno, conocido como monopsonio, ayuda a explicar por qué los salarios pueden situarse por debajo de la productividad incluso sin que exista colusión. Tampoco la inversión en capacitación será necesariamente óptima. Gary Becker distinguió hace más de sesenta años entre capital humano general y específico para explicar por qué un empleador puede no financiar la formación de un trabajador si teme que este se marche antes de recuperar la inversión, aunque el beneficio para la sociedad sea mayor.
La preocupación del cardenal por la inteligencia artificial encaja en esta misma lógica. El problema no es el progreso. David Autor y Daron Acemoglu han mostrado que la automatización no destruye el empleo en general, sino que recompone las tareas dentro de cada ocupación, afectando con mayor fuerza a quienes no consiguen adaptarse a tiempo. Es la misma carrera entre tecnología y habilidades que Claudia Goldin y Lawrence Katz documentaron en transformaciones anteriores, aunque hoy ocurre a una velocidad mayor: una tecnología puede ser adoptada en meses, mientras que adquirir nuevas competencias puede tomar años.
La respuesta, por tanto, no es frenar la innovación, sino facilitar la capacitación, la movilidad y la protección durante las transiciones. Se trata de proteger a las personas, no de preservar cada empleo.
Hay, sin embargo, una distinción fundamental. No todo objetivo social debe quedar entregado a la buena voluntad empresarial, ni la responsabilidad corporativa puede sustituir a la regulación cuando esta es necesaria. Frente a las fallas de mercado, corresponde a la política pública diseñar instituciones que acerquen los incentivos privados al bienestar general: regulación, competencia, capacitación y protección social. La responsabilidad empresarial complementa esas instituciones; no las reemplaza.
El mercado sigue siendo, con diferencia, el mejor mecanismo para generar riqueza. Lo que la carta del cardenal agrega, y lo que casi un siglo de economía desde Pigou hasta Acemoglu ha ido precisando, es que el retorno privado de una decisión no siempre coincide con su retorno social. Cerrar esa brecha no es tarea exclusiva de los empresarios ni del Estado. Requiere instituciones capaces de alinear incentivos y organizaciones conscientes de las consecuencias de sus decisiones. Quizás allí esté, precisamente, el contenido económico de una empresa verdaderamente promotora del bien común.
