Las parlamentarias republicanas llamaron a reactivar una iniciativa ingresada en 2014 y aprobada por el Senado en 2016, pero que continúa en segundo trámite constitucional en la Cámara. El debate reapareció luego de un reportaje de CHV que mostró el funcionamiento de la Central de Comunicaciones de Carabineros, que recibe más de cinco millones de llamadas al año.
Las diputadas Javiera Rodríguez (REP) y Paz Charpentier (REP) plantearon acelerar la tramitación del proyecto que busca sancionar el uso indebido de los números telefónicos de emergencia. La moción ingresó al Senado en septiembre de 2014, fue aprobada por esa corporación en marzo de 2016 y desde entonces permanece en segundo trámite constitucional en la Cámara. El texto contempla que las compañías telefónicas entreguen información que permita identificar a quienes realizan estas llamadas y establece multas de entre 1 y 5 UTM por su uso indebido.
Rodríguez sostuvo que “es difícil explicar que tengamos un proyecto esperando prácticamente doce años mientras Carabineros sigue destinando tiempo y funcionarios a llamadas que no corresponden a emergencias reales. Cuando alguien ocupa el 133 para hacer una pitanza o una falsa alarma no está haciendo una simple broma: puede estar retrasando la ayuda para una mujer que está siendo agredida, una familia que enfrenta un delito o una persona cuya vida está en riesgo. Tenemos que dejar de acumular proyectos y empezar a sacar adelante soluciones concretas. Esta iniciativa tiene que volver a discutirse y avanzar”.
Charpentier, por su parte, apuntó a la responsabilidad de quienes utilizan deliberadamente estos servicios para realizar falsas alertas. “Los teléfonos de emergencia existen para salvar vidas y movilizar recursos frente a situaciones reales. Quien realiza una llamada falsa no solamente hace perder tiempo: ocupa una línea, desplaza recursos públicos y puede impedir que una emergencia verdadera sea atendida oportunamente. Si hace más de una década existe un proyecto para identificar y sancionar estas conductas, no hay una buena razón para que siga detenido. Tenemos que establecer consecuencias claras para quienes juegan con un servicio del que depende la seguridad de millones de personas”, afirmó.
El problema lleva años siendo advertido por las autoridades. En 2018, durante la discusión del mismo proyecto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones informó a la Cámara que, según estadísticas entregadas entonces por Carabineros, más del 75% de las llamadas recibidas por el 133 eran inoficiosas, incluyendo pitanzas, llamadas cortadas, insultos y falsas amenazas. El reportaje emitido este domingo por Chilevisión volvió a mostrar la relevancia del sistema: actualmente la Central de Comunicaciones de Carabineros recibe más de cinco millones de llamadas cada año.
La iniciativa —boletín 9.597-07— continúa formalmente en segundo trámite constitucional. Durante su paso por el Senado fue respaldada de manera unánime, bajo el argumento de que las falsas llamadas bloquean los sistemas y dificultan la respuesta frente a emergencias verdaderas.
