• La indicación de la senadora Núñez endurece las sanciones contra quienes operen, financien o promocionen estas plataformas, contempla multas de hasta 10.000 UTM y busca impedir que los sitios bloqueados reaparezcan bajo nuevos dominios. La propuesta también refuerza la protección de los usuarios y apunta a evitar que estos negocios sean utilizados para actividades ilícitas.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, presentó una indicación al proyecto que regula el desarrollo de plataformas de apuestas en línea, con el objetivo de endurecer la persecución penal contra quienes operen, financien o promocionen estos negocios de manera ilegal. La propuesta contempla penas de hasta 15 años de cárcel en casos agravados, multas de hasta 10.000 UTM y un mecanismo de bloqueo judicial permanente para impedir que las plataformas sigan funcionando bajo nuevos dominios.
El texto plantea una alternativa a la apertura de un mercado de nuevas licencias para operadores privados y mantener la explotación digital de Polla Chilena de Beneficencia y de la Universidad de Concepción, a través de Lotería de Concepción, exclusivamente dentro de las actividades autorizadas por sus respectivas leyes. Esta habilitación no permitiría ampliar sus giros ni entregar a terceros el control del negocio.
En esa línea, la legisladora afirmó que “esta discusión no puede reducirse a cuánto dinero podría recaudar el Estado. Tenemos que preguntarnos quién controla estas plataformas, adónde van los recursos y qué ocurre con las familias que terminan atrapadas en la adicción y el endeudamiento. Frente a una actividad ilegal, la primera respuesta no puede ser ofrecerle una licencia”.
La indicación contempla penas de hasta 15 años de cárcel para casos agravados, entre ellos la captación deliberada de niños, niñas y adolescentes y la continuidad de la explotación ilegal mediante mecanismos destinados a eludir una orden judicial de bloqueo. También establece multas de hasta 10.000 UTM y responsabilidad penal para las personas jurídicas involucradas.
La propuesta sanciona asimismo a quienes financien o faciliten deliberadamente la explotación ilegal, así como a quienes la promocionen comercialmente sabiendo que es ilícita. La publicidad en medios de comunicación masiva, las transmisiones deportivas y los patrocinios de clubes o deportistas reciben un tratamiento penal más severo, conforme a las condiciones establecidas en la indicación.
En materia de crimen organizado, el texto incorpora agravantes cuando los delitos se cometan a través de organizaciones delictivas o criminales, se utilicen identidades falsas o sociedades ficticias para ocultar a los verdaderos controladores, o los responsables se aprovechen de una función pública.
Núñez aclaró que “no podemos afirmar que toda plataforma ilegal esté vinculada al crimen organizado, pero tampoco podemos ignorar el riesgo de que estos negocios sean utilizados para actividades ilícitas. Cuando se oculta a los verdaderos dueños o se dificulta seguir el rastro del dinero, la respuesta debe ser más control y persecución, no indiferencia”.
Otro de los ejes de la indicación es la creación de un procedimiento especial ante un ministro de la Corte de Apelaciones de San Miguel para decretar el bloqueo judicial permanente, sin necesidad de renovar periódicamente la medida mientras se mantengan los fundamentos que la justifican.
La orden podría comprender sitios web y aplicaciones, así como nuevas descargas y actualizaciones destinadas a restablecer las apuestas. También podría incluir restricciones sobre servicios de pago y publicidad específicamente vinculados con la operación ilegal. Los proveedores notificados tendrían un plazo máximo de 48 horas para cumplir las medidas correspondientes.
Para impedir que los operadores eludan la justicia mediante cambios de dirección electrónica, la propuesta permite extender el bloqueo a nuevos dominios y aplicaciones dentro de la misma causa, previa verificación judicial de que corresponden a la continuidad de una plataforma prohibida. Al respecto, la presidenta del Senado dijo que “cambiar de nombre, de aplicación o de dirección de internet no puede convertirse en una forma de eludir la justicia. Si el negocio es el mismo, la orden debe seguir siendo eficaz. Queremos impedir que continúe captando usuarios y recibiendo dinero, sin obligar a comenzar un juicio desde cero cada vez que reaparece”.
Protección de los usuarios y resguardo de las familias
La indicación también establece obligaciones para los operadores legalmente habilitados, como la identificación de los usuarios, la prohibición de participación de menores de edad, mecanismos de autoexclusión y límites voluntarios de apuestas. Además, incorpora medidas para que los usuarios puedan retirar sus fondos sin verse obligados a volver a jugar. El incumplimiento de estas exigencias también estaría sujeto a sanciones.
Finalmente, Núñez enfatizó que “la protección de las familias no puede depender de quién administra la plataforma: las exigencias deben cumplirse también en el juego autorizado. El deporte debe inspirar a nuestros niños, no ser utilizado para atraerlos a las apuestas. Nuestra prioridad es clara: proteger a las personas, perseguir a quienes sostienen deliberadamente el negocio ilegal y cerrarle espacios al crimen organizado. La recaudación no puede estar por encima de esa responsabilidad”.
