Las diputadas Sara Concha Y Francesca Muñoz anunciaron una iniciativa para cerrar las excepciones legales que permiten reducir penas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, establecer mayores controles y garantizar que las víctimas y sus familias puedan ser escuchadas antes de resolver estos beneficios.
La diputada del Partido Cristiano de Chile, Sara Concha junto a la diputada Francesca Muñoz anunciaron que impulsarán un proyecto de ley para impedir que personas condenadas por abuso sexual y violación de menores puedan acceder a rebajas de condena mediante excepciones o interpretaciones legales, luego de conocerse que en los últimos cinco años se han otorgado 332 rebajas de condena por delitos sexuales contra menores.
“Estamos hablando de delitos gravísimos que afectan la vida y la integridad de niños, niñas y adolescentes. No podemos permitir que existan vacíos o interpretaciones legales que terminen favoreciendo a quienes han cometido estos abusos, esta situación no comenzó con el actual Gobierno, pero tenemos la responsabilidad de corregirla. Por eso vamos a impulsar una iniciativa que entregue mayor certeza jurídica y ponga en el centro la protección de las víctimas”, señaló la diputada Sara Concha.
La propuesta contempla tres ejes principales, como eliminar las excepciones que permiten acceder a rebajas de condena por estos delitos; establecer controles más estrictos para impedir que se concedan beneficios mediante interpretaciones contradictorias; y fortalecer los derechos de las víctimas y sus familias, garantizando que sean informadas y puedan presentar antecedentes u objeciones antes de que se adopte una resolución.
Por su parte, la diputada Francesca Muñoz señaló: “El Congreso Nacional es una de las instituciones garantes de los derechos de los niños y niñas. Por eso, espero que esta moción tenga una tramitación expedita y cuente con el respaldo necesario para avanzar. Las víctimas y sus familias necesitan tranquilidad y garantías de que situaciones como esta no se vuelvan a repetir. No podemos permitir que se siente un precedente que ponga en riesgo su seguridad e integridad. Tenemos la responsabilidad de actuar y dar una respuesta concreta a las familias que esperan justicia”.
Asimismo Concha agregó, “entendemos que existen criterios de la Corte Suprema que han incidido en estas decisiones, pero precisamente por eso necesitamos revisar la legislación y entregar una respuesta clara desde el Congreso, respetando el marco constitucional. La protección de nuestros niños y adolescentes debe ser una prioridad permanente, independiente del Gobierno de turno”.
“Este no puede ser un debate de posiciones políticas. Estamos hablando de proteger a nuestros niños, de respetar a las víctimas y de evitar que quienes han cometido delitos sexuales graves puedan acceder a beneficios que vuelvan a afectar a las familias, ese será el objetivo de nuestro proyecto”, concluyó.
