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Termómetro Pyme octubre. Por Ricardo Ibáñez, abogado y fundador de DefensaDeudores.cl

El programa de reciclaje orgánico desarrollado en Concón, con financiamiento de Enap y la participación de establecimientos gastronómicos y hoteleros…

Los equipos intervinieron el sector adyacente a la planta y al emisario, sumándose a una jornada territorial que permitió retirar más de una tonelada de residuos en la bahía de Quintero y Puchuncaví.

Recientemente se publicó la Ley de Reconstrucción Nacional. Desde enero, el Termómetro Pyme —de PROPYME y DefensaDeudores.cl— sigue de cerca cómo viven las pymes este año. Su medición de octubre, entre el 1 y el 7, retrata la situación justo antes de que las medidas de la ley empiecen a regir, y permite preguntarse si esa ley responde a lo que ellas viven.

Aunque los despidos bajaron siete puntos, a 29%, el cuadro sigue siendo de ahogo. Un 80% reporta mayores costos, la cifra más alta que ha registrado el sondeo, y solo un 16% de ese grupo pudo subir sus precios para compensarlos. Además, un 41% tiene deudas con la Tesorería y un 31% no pagó a tiempo las cotizaciones de sus trabajadores.

La ley sí responde a una parte: abre por 180 días la posibilidad de regularizar deudas con la Tesorería, con rebaja de intereses y multas. Es una buena noticia, pero solo cubre deudas vencidas al 31 de diciembre de 2025, y la presión que mide el sondeo es la de los últimos meses.

El resto de las medidas apunta a otro lado. La baja gradual del impuesto a las utilidades de las empresas ayuda a quien gana dinero, pero poco a quien está operando a pérdida por el alza de costos, que es el caso de un 10% de las empresas afectadas. Y la reforma de fondo a los plazos de pago de las facturas, que incide directamente en la liquidez, quedó pendiente para el Estatuto Pyme 2.0; la ley solo tocó un punto acotado de ese tema, al exigir que el deudor se pronuncie en dos días hábiles cuando una pyme cede su factura a factoring.

Ese proyecto es la oportunidad de completar lo que la ley dejó a medias. Proponemos que permita a las pymes pagar en cuotas sus deudas con el Fisco y sus cotizaciones atrasadas, sin una fecha límite, para que puedan ponerse al día antes de que la mora termine en cobranza judicial o en el cierre del negocio.

 

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