La parlamentaria informó que la bancada del Frente Amplio solicitó todos los decretos de rebaja y rechazo de condenas de 2026, en el marco de la controversia por beneficios concedidos a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Además, reiteró la exigencia de renuncia del ministro Fernando Rabat.
La diputada Carolina Tello informó que la bancada del Frente Amplio ofició formalmente al Ministerio de Justicia para exigir la entrega de todos los antecedentes relacionados con las rebajas de condenas otorgadas durante 2026.
La solicitud contempla la totalidad de los decretos de rebaja y rechazo de condenas, las actas de las reuniones internas, los informes jurídicos que fundamentaron las decisiones y la identificación de las autoridades y funcionarios que participaron en el proceso.
La parlamentaria advirtió que, pese a las solicitudes realizadas hace más de dos semanas, el Ejecutivo todavía no ha entregado toda la información requerida.
“Llevamos más de dos semanas exigiendo respuestas al Gobierno de Kast y todavía no conocemos todos los antecedentes de este caso. Por eso, desde la bancada del Frente Amplio hemos solicitado formalmente que el Ministerio de Justicia entregue la totalidad de los decretos de rebaja y rechazo de condenas durante este año”, señaló Tello.
Asimismo, la diputada hizo un llamado a la nueva subsecretaria de Justicia para que, al asumir sus funciones, priorice la transparencia y facilite la entrega de los antecedentes pendientes al Congreso.
En paralelo, Tello reiteró la exigencia de renuncia del ministro Fernando Rabat y advirtió que la bancada utilizará todas las herramientas de fiscalización y responsabilidad política disponibles, incluida una eventual acusación constitucional.
“Exigimos la renuncia del ministro Rabat. Vamos a ejercer todas las herramientas de fiscalización y responsabilidad que nos entrega el Congreso, como dijimos, incluida la acusación constitucional”, afirmó.
Finalmente, la parlamentaria enfatizó que las víctimas y sus familias deben estar en el centro de la respuesta institucional frente a estos hechos.
“Las víctimas y sus familias merecen verdad, justicia y respuestas. No silencio ni protección política para las autoridades”, concluyó.
